La crisis política en Puerto Rico obligó a renunciar al gobernador Ricardo Roselló. Ahora, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, deberá dirigir las riendas de la isla en medio una compleja situación hasta las elecciones del 20 de noviembre de 2020, que se realizan junto a las presidenciales estadounidenses.
// El gobernador de Puerto Rico renunció en medio de la crisis política por el "chatgate"
La exfiscal será la segunda mujer gobernadora de ese territorio caribeño. Según la constitución de la isla, el primero en la línea de sucesión si el gobernador renuncia al cargo es el secretario de Estado. Sin embargo, el secretario de Estado Luis Rivera Marín, uno de los 12 hombres que participó en la conversación filtrada que desató la crisis, renunció el 13 de julio en medio del escándalo.
En este sentido, Vázquez no tiene un escenario fácil. La exfiscal, de 59 años, tiene poca experiencia en la dirección de agencias oficiales y ya acumula fuertes críticas por la forma en cómo afrontó los problemas de la administración de Rosselló, durante sus casi dos años como máxima responsable de las fuerzas de seguridad.
Es probable que esas críticas compliquen su tarea para completar el mandato de Rosselló ante un descontento público generalizado hacia el gobernador saliente y algunos de sus colaboradores, tras la filtración del chat en el que se burlaron de los votantes e hicieron comentarios machistas y homofóbicos.
Poco después de que Rosselló anunciara su dimisión, la secretaria difundió un comunicado. “Entendemos que es la mejor decisión que pudo tomar, por el bien del país y de su familia", indicó. “Estaremos trabajando en conjunto para llevar a cabo un proceso de transición ordenado y transparente".
Quién es Wanda Vázquez
Antes de asumir la secretaría de Justicia en enero de 2017, Vázquez trabajó como fiscal de distrito durante dos décadas en el Departamento de Justicia de la isla y en 2010 fue nombrada directora de la Oficina por los Derechos de las Mujeres.
Tras convertirse en secretaria, fue criticada por ser condescendiente con investigaciones anticorrupción que afectaban a miembros de su Partido Nuevo Progresista, partidario de convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos y al que también pertenece Rosselló.
Casi dos años después de asumir el cargo, Vázquez se vio inmersa en un conocido caso judicial que le puso en contra a algunos puertorriqueños.
La Oficina de Ética Gubernamental dijo el pasado noviembre que había recibido una queja de posibles infracciones éticas relacionadas con Vázquez. La funcionaria fue acusada de intervenir en un caso en el que se sospechaba de robo de propiedad del gobierno en una vivienda donde residía la hija de la secretaria de Justicia.
Vázquez compareció ante el tribunal para afrontar cargos que incluyeron dos violaciones de las leyes de ética gubernamental. Un juez determinó en diciembre que no había pruebas suficientes para detenerla.
Línea de sucesión rota
La exfiscal será la segunda mujer gobernadora de Puerto Rico. Según la constitución de la isla, el primero en la línea de sucesión tras la renuncia de Rosselló debió ser el secretario de Estado Luis Rivera Marín, uno de los 12 hombres que participó en la conversación filtrada. Sin embargo, el funcionario también renunció por el escándalo.
Poco después de que se filtrara la conversación de 889 páginas, Vázquez emitió un comunicado en el que dijo estar “profundamente afligida y triste" por los comentarios del gobernador y sus colaboradores.
“Reconozco que en la privacidad de una amistad y de una situación en particular se expresen las frustraciones y presiones del día a día de una manera incorrecta", indicó. “Pero, no puedo dejar de expresar el profundo pesar que toda esta situación me causa como mujer, como madre, como profesional y como ciudadana de esta bella isla".
Vázquez prometió este mes cooperar con las autoridades estadounidenses en la lucha contra la corrupción y expulsar a todos aquellos acusados de malas prácticas, después de que agentes federales detuvieran a la secretaría de Educación de la isla, Julia Keleher, y a otros miembros del gobierno acusados de corrupción.
