La Corte Suprema de Brasil emitió un fallo que puso en duda algunos de los procedimientos en torno al Lava Jato y que podría dejar al expresidente Lula da Silva, preso en la Superintendencia de la Policía Federal Curitiva desde abril de 2018, un paso más cerca de obtener la libertad.
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Por decisión de la mayoría de los jueces que integran el tribunal, se determinó que aquellos procesados que colaboran con la Justicia en carácter de "arrepentidos" no pueden formular denuncias luego de que el imputado presente sus alegatos finales, algo que no ocurrió en la mayoría de los casos de la causa por corrupción y que llevó a prisión a decenas de empresarios y políticos.
Aunque se trata de un asunto estrictamente técnico y procesal, la decisión del Supremo consideró que esa inversión del orden en que se presentaron los alegatos atenta contra el derecho a la "legítima defensa" y hasta puede obligar a revisar sentencias, como de hecho ya decidió el propio tribunal en los casos del expresidente de Petrobras, Aldemir Bendine, y del exgerente de esa empresa, Márcio de Almeida Ferreira, cuyos procesos deberán volver al comienzo.
El juez principal del Lava Jato y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, había sido cuestionado en reiteradas ocasiones por este motivo, por el que los abogados defensores de muchos implicados lo habían acusado de direccionar la investigación.
"Es una decisión muy importante para corregir los abusos de la Lava Jato", declaró Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), que tiene en la cárcel por esa operación a su líder histórico, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Al respecto, la Corte Suprema anunció que la próxima semana "delimitará" el alcance de su decisión, que según fiscales de la Lava Jato puede beneficiar a 143 de los 162 condenados por esa operación.
Según el especialista en derecho penal Antonio Tovo, la polémica decisión del Supremo es en realidad un "intento de rescatar su papel de guardián de la Constitución, de las reglas de la justicia y las garantías", que podrían no haber sido totalmente cumplidas en los procedimientos de la Lava Jato.
Sin embargo, aclaró que se trata de "críticas al procedimiento" y a "los métodos de obtención de pruebas", pero no significa que los escándalos de corrupción destapados no existieron o que quedarán sin castigo.
