Preocupada por la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, la Unión Europa acordó sancionar a siete funcionarios cercanos al presidente Nicolás Maduro. Entre ellos, figura el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, el ministro de Interior y el presidente del Tribunal Supremo.
En noviembre pasado ya habían tomado una decisión similar. En ese entonces, el primer paso fue realizar un embargo de armas y de cualquier material destinado a la represión interna. El grupo de diplomáticos de los 28 países del Viejo Continente no quería apresurarse con las sanciones individuales, ya que preferían esperar el momento determinado.
Pero el punto de inflexión llegó con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, que tiene el poder absoluto del país, que funciona bajo los intereses del régimen. Después de varios meses de protestas y una gran tensión social, el bloque se sumó a la iniciativa ya tomada por Estados Unidos y Canadá y apuntó contra los altos funcionarios cuestionados por la violación de los derechos humanos.
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Según el diario El País, varios de estos políticos en la "lista negra" son responsables de las fuerzas de seguridad nacionales, como el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; el jefe del Servicio de Inteligencia, Gustavo González o el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides.
Dentro de los imputados, también se encuentra Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; Maikel Moreno, presidente del Tribunal y Tarek William Saab, quien asumió como fiscal general tras el exilio político de Luisa Ortega.