La Corte Suprema de Brasil suspendió este miércoles la orden de traslado del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur) a una cárcel de San Pablo, en una jornada que reavivó los pedidos de revisión de su caso.
Por 10 votos contra uno, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió mantener al líder histórico de la izquierda en la celda especial que ocupa en la sede policial de Curitiba hasta analizar si el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, fue parcial al condenarlo por corrupción.
// Trasladan a Lula da Silva a un cuartel militar de San Pablo
Una magistrada regional había ordenado por la mañana el traslado, atendiendo un pedido de la policía que alega diversos trastornos ocasionados por la custodia de Lula debido a los enfrentamientos entre sus partidarios y adversarios en los alrededores del edifico y a las numerosas visitas de personalidades políticas.
El exmandatario (2003-2010), de 73 años, debía ser llevado de Curitiba -donde purga una pena de casi 9 años de cárcel- a la Penitenciaria II de Tremembé, a unos 150 km de la capital de Sao Paulo (sudeste).
La jueza explicó que la decisión buscaba "reducir los costos humanos y financieros inherentes a la custodia" y "proporcionarle [a Lula] mejores condiciones de resocialización", en un establecimiento "cerca de su medio social y familiar".
Pero los abogados de Lula enviaron un pedido urgente para que el STF suspendiera la operación, alegando que si las autoridades no pueden custodiarlo donde se encuentra, deberían concederle la "libertad plena" y no "colocarlo en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica y personal".
Lula recibió la noticia del fallo del STF "con serenidad", dijo uno de sus abogados, Manoel Caetano Ferreira, tras reunirse con el exmandatario.
"Todos sabemos que su prisión es injusta, él se considera y es considerado como un preso político", pero "ya dijo más de una vez que confía en el Supremo", agregó Ferreira.
Lula cumple una condena de 8 años y 10 meses de prisión por corrupción, como beneficiario de un departamento tríplex en el litoral paulista puesto a su disposición por una de las constructoras involucradas en el escándalo de sobornos de Petrobras.
La condena fue confirmada por dos tribunales de apelación, pero el expresidente se declara inocente y denuncia una conspiración político-judicial para impedirle volver al poder.
Su defensa había pedido en noviembre que el STF analice la imparcialidad del fallo, después de que el juez Moro, autor en 2017 de la condena en primera instancia, aceptara ser ministro de Justicia del entonces presidente electo de ultraderecha Jair Bolsonaro y luego de un escándalo de filtraciones sobre conversaciones presuntamente ilegales entre los fiscales y el juez de la Operación Lava Jato .
Lula, incluso detenido, era dado por las encuestas como vencedor de las elecciones de octubre hasta que su candidatura fue invalidada por la justicia electoral en septiembre.
