Por Gonzalo Bañez | Uso de helicópteros para encarcelar dirigentes disidentes. Indicaciones de Maduro redactadas en máquinas de escribir y transportadas en maletines para que no quedaran registros. Intercepción de comunicaciones a opositores. A medida que transcurren las horas se conocen más detalles del histórico informe presentado por la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas donde denunciaron a Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
El comité formado por tres expertos de distintos países identificó más al menos 59 ejecuciones extrajudiciales, investigó 274 denuncias hechas por víctimas y responsabilizó a los servicios gubernamentales por el 59% de las muertes violentas en el período que fue desde 2014 hasta la actualidad, el mismo que analizaron para este informe. “Expusimos con claridad y pruebas los múltiples delitos de lesa humanidad que comete el régimen bolivariano”, expresó entusiasta Francisco Cox, uno de los investigadores, en una entrevista exclusiva con TN Internacional.
“Tenemos la información de que Nicolás Maduro y Diosdao Cabello daban instrucciones directas al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para cometer todos los delitos denunciados”, afirma el abogado chileno Cox. Esos delitos que plasmaron en el informe son los de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas a manifestantes y detenciones arbitrarias a dirigentes opositores.
Las modalidades en que se ejecutaban las violaciones a los derechos humanos causan estupor y, según afirma, “Maduro contribuyó de manera esencial en la comisión de todos los delitos”. Tal como detalla Cox, tanto el presidente venezolano como altos funcionarios de su gobierno facilitaron los medios necesarios para “interceptar comunicaciones, cometer torturas y hasta permitieron traslados de opositores encarcelados en aviones o el cierre de barrios para concretar una detención arbitraria”, detalló el integrante de la ONU.
Cox remarcó que a lo largo de la investigación, pedida expresamente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el comité no tuvo acceso ni a los datos oficiales de Venezuela como tampoco al propio territorio bolivariano: “Todos los pedidos que hicimos fueron rechazados”, remarcó. Detalló que enviaron seis cartas solicitando finalmente la cooperación venezolana, sin recibir respuesta alguna.
Por último, repitió el llamado a la comunidad internacional pero sobre todo a la propia Justicia venezolana para que tome cartas en el asunto. “A pesar de los problemas de independencia y de confiabilidad del sistema jurídico de Venezuela, hay jueces y fiscales que cumplen su función y llamamos a que el resto de sus colegas cumplan también con el deber constitucional”, remarcó confiado el abogado.
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Como las denuncias que le computan a Maduro e integrantes de su gobierno violan artículos esenciales de una serie de tratados internacionales, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Cox pide que la comunidad internacional “se comprometa en el proceso en caso que no lo haga la propia Justicia de Venezuela”.
