El Tribunal Supremo español confirmó este lunes la pena de un año y medio de inhabilitación contra el presidente catalán, el independentista Quim Torra, por desobediencia, una decisión inédita en democracia que deriva en un escenario de relevo en el gobierno regional y amenaza con desencadenar un nuevo espiral de tensión política en España.
Tras conocerse la sentencia, las principales organizaciones civiles independentistas convocaron para esta tarde manifestaciones frente a los ayuntamientos de toda Cataluña para mostrar su desacuerdo y exigir al Gobierno catalán que no acate el fallo del Tribunal Supremo.
Bajo el lema “Defendamos el presidente, luchemos por la independencia”, la plataforma independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) exigió una respuesta “contundente” de las instituciones a la condena contra Torra, según un comunicado.
Los jueces del Supremo, en una sentencia unánime, desestimaron el recurso de casación de Torra y ratificaron íntegramente la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Superior de Cataluña del 19 de diciembre de 2019, que lo inhabilitó por desobedecer a la Junta Electoral Central.
El delito consistió en negarse durante una campaña electoral a retirar de edificios públicos lazos amarillos y pancartas con las que los independentistas denunciaban la existencia de “presos políticos”, en referencia a los líderes secesionistas que se encuentran en prisión condenados por sedición en relación con el fallido intento de independencia de 2017.
Torra admitió que desobedeció la orden alegando su derecho a la libertad de expresión, pero el Supremo subrayó que no se valora ese derecho sino que incumplió órdenes reiteradas de un órgano constitucional cuya función es “garantizar la transparencia y limpieza de los procesos electorales que exige la neutralidad de los poderes y administraciones públicas”.
Una vez ratificada la sentencia, el Tribunal Superior de Cataluña deberá ejecutarla en los próximos días, y será entonces cuando Torra deba abandonar el Palau de la Generalitat, la sede del Ejecutivo catalán. Automáticamente, le correspondería asumir el cargo al vicepresidente, Pere Aragonés.
Es la primera vez que ocurre un hecho de estas características en España en democracia, que un presidente autonómico -regional- pierda su cargo por un delito de desobediencia.
La decisión del Supremo llega después de que Torra haya descartado convocar elecciones anticipadas en medio de la segunda ola de coronavirus, y en un momento en el que los partidos independentistas catalanes -que gobiernan en coalición- se encuentra divididos en su estrategia políticas de cara a defender sus reivindicaciones ante el Ejecutivo de coalición español que encabeza el socialista Pedro Sánchez.
Fuente: Télam
