El Valle de los Caídos, el complejo arquitectónico ubicado en las proximidades de Madrid donde estuvo enterrado el dictador español Francisco Franco desde su muerte en 1975 hasta que fue exhumado en octubre de 2019, se convertirá en un cementerio civil, según informó este martes el Gobierno español.
La reasignificación del Valle, que quedó pendiente de estudio hace casi un año, es uno de los puntos que aborda el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, aprobado hoy por el Ejecutivo encabezado por el socialista Pedro Sánchez, con el que se amplía la reparación y el reconocimiento de las víctimas del franquismo y se prohíbe en España la exaltación de la dictadura.
Con esta nueva ley, que completará la ya aprobada en 2007 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno español se compromete también a identificar a las miles de víctimas de la guerra civil (1936-1939) y de la dictadura franquista (1939-1975) que permanecen en fosas comunes repartidas por todo el país y a devolver los restos a sus familias.
Una tarea de la que se hará cargo el Estado español en colaboración con otros organismos públicos, según explicó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, la socialista Carmen Calvo.
Calvo reconoció que no saben a qué número de fosas tendrán que enfrentarse, ni cuántas víctimas -se calcula que unas 30.000-, por lo que se creará un banco de datos de ADN y una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger sus derechos.
La nueva ley también prevé declarar “nulos de pleno derecho” los juicios sin garantías del franquismo, que supusieron la muerte o el encarcelamiento de miles de personas en España.
Calvo afirmó que ésta “es una ley de todos” que va a permitir “homologar” la democracia española a las más avanzadas del mundo, al tener muy en cuenta la normativa de defensa de derechos humanos.
En el proyecto se incluye la atención a colectivos reprimidos por la dictadura como los gitanos, los homosexuales o las mujeres, y se contará, dijo la vicepresidenta primera, con las asociaciones de la memoria para su impulso.
La nueva ley prohibirá además entidades como la Fundación Francisco Franco. No podrán existir asociaciones sostenidas con recursos públicos “que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales”, como ya ocurre en otros países europeos, señaló Calvo.
La protección de los archivos que permitan recuperar la memoria, el impulso a la investigación de episodios históricos represivos e incluso el retorno de fondos documentales a España del exilio también se incorporan a esta Ley de Memoria Democrática.
Fuente: EFE
