El ministro holandés de Seguridad y Justicia, Ferdinand Grapperhaus, logró superar una moción de censura en el Parlamento holandés por haber celebrado su boda sin mantener la distancia social contra el coronavirus y subrayó que su comportamiento no debe afectar a su credibilidad.
Además, ante la presión de muchos diputados, prometió relajar el sistema de multas a quienes incumplan las medidas sanitarias, que ahora pueden dar lugar a antecedentes penales.
El funcionario holandés se disculpó ante el Parlamento por haber violado las principales reglas aplicadas por el Gobierno para frenar los contagios -el distanciamiento social, la prohibición de darse la mano y de abrazar a una persona con la que no se comparte casa-, pero subrayó que esta situación "no afecta a su credibilidad" como ministro.
“Me dejé llevar, subestimé la situación, me subestimé a mí mismo. No hice bien las cosas. Me dejé llevar ese día y las cosas no se hicieron como debieron haberse hecho”, reconoció el ministro, visiblemente emocionado, para disculparse ante sus colegas de partido y los diputados.
Antes de su turno de palabra, tanto los partidos de la oposición como los cuatro que conforman la coalición de gobierno expresaron fuertes críticas por el comportamiento de Grapperhaus, lamentando que no hubiera dado "un buen ejemplo" y haya provocado "un impacto significativo en la autoridad y credibilidad" del Ejecutivo.
La ultraderecha y los socialdemócratas formularon mociones de censura contra Grapperhaus, pero después de las disculpas, la mayoría de los diputados decidieron votar en contra y permitir que siga ejerciendo sus funciones como ministro de Seguridad, aunque subrayaron que su credibilidad sigue estando cuestionada por este escándalo.
El Parlamento le pidió también que las multas impuestas a los ciudadanos que no respeten la distancia social ya no den lugar a antecedentes penales en el historial, algo que piden se limite a aquellos que violen grave y deliberadamente las reglas, como quienes organicen fiestas masivas o escupan a alguien.
El partido socialista fue uno de los más insistentes en esta cuestión, puesto que considera "desproporcionado" que un ciudadano no reciba un Certificado de Buena Conducta para encontrar un nuevo trabajo, solo porque hayan infringido las normas contra el coronavirus.
Los diputados consideraron, especialmente después del escándalo provocado por el ministro, que no es “razonable” que las personas que no respetan la distancia social involuntariamente tengan que cargar con antecedentes penales y justificaron que “en realidad, es un comportamiento humano muy normal” que solo es punible durante la pandemia.
Fuente: EFE
