El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, impuso este jueves el "estado de excepción" por 60 días, en una jornada de paros, protestas y bloqueos de caminos contra el aumento de los precios de los combustibles decidido por el Gobierno en el contexto de un programa de ajuste acordado con el FMI.
La extrema medida tomada por Moreno se conoció después de que las calles de distintas ciudades del país se convirtieran en escenario de enfrentamientos entre manifestantes y policías, en medio de bloqueos que dejaron intransitables varias calles, avenidas y autopistas.
Los primeros reportes extraoficiales de esos incidentes no incluyeron heridos, pero sí al menos una decena de detenidos.
En Quito, a las afueras del Palacio de Gobierno, la policía disparó granadas de gas lacrimógeno contra los manifestantes, en su mayoría estudiantes, trabajadores y miembros de organizaciones indígenas que se resisten a aceptar la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo cual impacta en los precios de venta al público.
Los manifestantes aseguran que, después de la aplicación de estas medidas, el galón (3,78 litros) de diésel podría pasar de 1,03 dólares a 2,27 dólares, mientras que para la gasolina extra (la de mayor consumo) el precio irá 1,85 a 2,30 dólares.
Pese a la convulsión, el gobierno de Moreno ratificó la medida y redobló la apuesta con la declaración del estado de excepción, una herramienta legal a la que las autoridades pueden recurrir en situaciones que considere extraordinarias.
"Las medidas que anuncié están en firme. No existe posibilidad de cambiarlas, especialmente las relacionadas con un subsidio perverso que hacía demasiado daño al país", ratificó el presidente en Twitter.
Uno de los artículos del estado de excepción faculta al Poder Ejecutivo a limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información.
También lo faculta a establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional y a disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones, para que actúen en caso de convulsión.
