Los subsidios instaurados en los años 70 para reducir el precio de los combustibles se convirtieron en la manzana de la discordia entre el gobierno y varios sectores populares de Ecuador. ¿Hubiera podido el gobierno de Lenin Moreno tomar otra medida para reducir el endeudamiento público?
Con el argumento de que su antecesor Rafael Correa le dejó un país endeudado, el presidente ecuatoriano Lenin Moreno firmó con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo para un préstamo de 4203 millones de dólares. A cambio, Ecuador puso en marcha un duro plan de ajuste que incluye 20.000 despidos en la administración pública, una reducción de 30 a 15 días de vacaciones anuales para los empleados estatales, y una flexibilización de la ley laboral.
Pero la medida que arrojó a sectores como los transportistas y los indígenas a las calles en movilizaciones sin precedentes desde hace una década, fue la eliminación de los subsidios que mantenían a los combustibles a un precio relativamente barato. El costo que generaba al Estado ecuatoriano era de 3000 millones de dólares anuales.
“Desde que el Ecuador es país exportador de petróleo al principio de los años setenta, se mantuvieron durante largo tiempo los subsidios para los combustibles. Y en cada ocasión que se los intentó sacar o aumentar las naftas, lo que provocó reacciones populares y sociales”, recuerda Alberto Acosta, economista y ex ministro de Energía bajo la presidencia de Rafael Correa en 2007. Y aunque esos subsidios “beneficiaban más a los sectores más acomodados que a los sectores populares, son considerados como una conquista social”, constata Acosta.
El ex ministro estima que Moreno debería haber revisado los subsidios “con criterios sociales o ecológicos”. Para justificar la serie de medidas de austeridad, Moreno acusó a Rafael Correa de haber endeudado al país. Desde Bélgica, el ex presidente Correa rechazó las acusaciones y estimó que no había necesidad de implementar un “paquetazo”.
“El gobierno del presidente Moreno recibió del gobierno anterior de Rafael Correa una economía muy golpeada. Sin transformación de la matriz productiva y ningún cambio estructural que amerite el nombre de una ‘revolución’ y menos de ‘socialismo’”, apunta el economista Alberto Acosta, crítico con el balance de la administración de Correa, pese a que estuvo como ministro al inicio su mandato.
“Pero el gobierno de Lenin Moreno en lugar de introducir algunos ajustes que podían haber resuelto los problemas oportunamente, fue dejando pasar el tiempo improvisando y cayó definitivamente en las garras del Fondo Monetario Internacional. Y sabemos muy bien lo que significa: austeridad, un golpe a los sectores populares y una paralización del aparato productivo. Todo con miras a establecer los equilibrios fiscales y externos, y recuperar la competitividad”, denuncia Acosta.
Sobre este punto, concuerda Marcos Romero. El economista de la Universidad Andina Simón Bolívar estima que el gobierno de Moreno negoció muy mal con el Fondo Monetario Internacional: “El Ecuador se comprometió en la negociación con el FMI a bajar el déficit fiscal, que está en torno al 6% del PIB y convertirlo en un superávit a una velocidad el doble de rápida del compromiso que adquirió por ejemplo Argentina frente al FMI”, dijo Romero. En entrevista telefónica con RFI, Romero denuncia un plan que “implica un recorte muy grande del gasto público”. Además, le reprocha al gobierno haber cometido varios errores.
Primero, el gobierno de Lenin Moreno subestimó el impacto del aumento del precio de la gasolina en el poder adquisitivo de la población. “El estancamiento económico, unido a la caída del precio del petróleo, a los recortes del personal público, de por lo menos 20.000 personas en los últimos dos años, dio como resultado un ascenso de los niveles de pobreza”, detalla Romero.
“El segundo error consistió en minimizar las medidas de compensación. La única medida de compensación del gobierno es el aumento de 15 dólares a los receptores del bono de desarrollo y aumentar el número de beneficiarios en 300.000 personas. ¡Pero lo único que hizo el gobierno es reincorporar a los que salieron del sistema en los últimos dos años!”, lamenta el economista de la Universidad Andina.
En tercer lugar, Romero denuncia el desequilibrio de un plan que “incluye golpes a los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana y la eliminación de una fracción del impuesto a la salida de divisas, la eliminación de aranceles para una serie de materias primas. Medidas que benefecian claramente al sector empresarial”. “Esto es la primera parte en proceso de ajuste que apunta a implantar en el Ecuador un neoliberalismo de lo más salvaje”, concluyó Romero.
