El 8 de noviembre de 2017, el entonces concejal danés Per Zeidler debía estar en el Ayuntamiento, en donde presidía la comisión de Asuntos Familiares. Pero los periodistas de un diario local descubrieron que, en vez de estar ocupando su banca, se encontraba a más de 130 kilómetros de distancia en una orgía con otras 13 personas. Pero no sería la única en su historial: la Justicia constató que organizó más de 70. Casi dos años después, lo condenaron por proxenetismo.
// Sorteos de dinero, alcohol y "sexo libre": la fiesta que preocupa a las autoridades de Entre Ríos
El caso salió a la luz gracias al medio Århus Stiftstidende a pocos días de las elecciones municipales de 2017, en las que Zeidler se presentaba como candidato por el distrito de Syddjurs.
En la investigación judicial se comprobó que el exconcejal organizó 73 orgías entre abril de 2016 y noviembre del 2017. El juez lo condenó a seis meses de cárcel y a dos años de libertad condicional.
Zeidler llevó adelante estas fiestas sexuales junto a su socio, que recibió la misma pena. La fiscal Birgitte Ernast explicó que ambos planificaban una por semana. Para la letrada, no era algo improvisado sino que funcionaba como una empresa de prostitución.
Ambos acusados, que confesaron el delito, ganaban alrededor de 27 mil euros en esos encuentros, en donde participaban una o dos mujeres y un grupo numeroso de hombres.
El abogado defensor, Henrik Garlik, aseguró que se trataba de una "comunidad formada por personas con la misma orientación sexual" y que aclaró que ninguna de las mujeres ejercía la prostitución "de manera profesional". "En todo momento se respetaron sus deseos y no se sintieron presionadas", argumentó.
En la sentencia, se detalló que los organizadores se encargaban de planificar las orgías, fijar los precios, reclutar a las mujeres y difundir sus fotografías en anuncios en Internet para convocar participantes.
En Dinamarca, el delito de proxenetismo está penado con hasta cuatro años de cárcel. Pero el juez tuvo en cuenta que los dos hombres no tienen antecedentes penales y destacaron que las mujeres involucradas no fueron forzadas a trabajar.
