En las horas más difíciles de su año largo en el poder, el presidente de Colombia, Iván Duque, se enfrenta este jueves a un paro nacional que acapara el debate público y pone a prueba su liderazgo. A pesar de que la tradición sindical colombiana palidece frente a otros países de la región, el llamado de las organizaciones de trabajadores puede verse potenciado por el descontento frente a un Gobierno que mantiene abiertos múltiples frentes de fricción social. En ese contexto, la huelga despertó grandes expectativas en diversos sectores, así como temores entre otros ante la posibilidad de desmanes.
El Comando Nacional Unitario, que reúne a varias centrales obreras, convocó desde octubre a la movilización en contra de varias políticas económicas, especialmente las reformas que afectan al mercado del trabajo y al sistema de pensiones. El Gobierno sostiene que no hay un ningún texto definido frente a esos dos temas y los proyectos que presente serán consensuados. Sin embargo, las organizaciones de trabajadores argumentan que diversos voceros del Ejecutivo dejaron en claro que apuntan a la flexibilización laboral y debilitar al organismo estatal que gestiona las pensiones y jubilaciones, en favor de fondos privados.
El llamado coincidió con una serie de reclamos sociales de estudiantes —que se mantienen en las calles para pedir mayores recursos para la educación superior—, profesores, opositores y activistas de todo tipo que invitan a marchar. Hasta artistas como el cantante Carlos Vives terminaron discutiendo en las redes sociales por exponer sus razones para manifestarse, e incluso la Iglesia se mostró a favor de la protesta pacífica. Las quejas van desde el incesante asesinato de líderes sociales, indígenas y excombatientes que firmaron la paz, o el regreso del fantasma de las ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas, hasta el bombardeo militar en el que murieron ocho chicos o la propia estigmatización de la protesta social.
El Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe, atribuyó la movilización a "la estrategia del Foro de San Pablo que intenta desestabilizar las democracias de América Latina, secundado por grupos opositores cuyo propósito ha sido bloquear" al debilitado Ejecutivo de Duque. Desde el propio Gobierno, que lanzó una agresiva campaña con el lema "Colombia no para", se mostraron preocupados frente al orden público y el vandalismo, acusan esfuerzos de "desestabilización" y enfatizan un trasfondo político que nadie intenta esconder. Las autoridades tomarán una serie de medidas que incluyen el cierre de las fronteras, y la presencia de militares en Bogotá ya despertó críticas. "Si se prolonga, todo está previsto", dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
"La protesta social pacífica es un derecho de los colombianos, y es un deber del Estado, de los gobernantes locales, garantizar el ejercicio de la protesta pacífica", dijo el presidente el fin de semana en el estreno de Conéctate con Duque, un programa de televisión de más de dos horas en el que se dedicó a defender su obra de Gobierno, acompañado de algunos de sus ministros. "Pero también es un deber de todos rechazar censurar, acusar y sancionar ejemplarmente a quienes pretenden apelar a la violencia, al vandalismo para atentar contra los derechos de los colombianos", añadió.
Duque, que llegó al poder en agosto del año pasado con el apoyo decidido de los empresarios, debió enfrentar una creciente movilización social. Ya tuvo que lidiar, entre otras, con oleadas tanto de protestas estudiantiles como de comunidades indígenas. La huelga del jueves, sin embargo, llega en un momento de particular debilidad política para el mandatario, que carece de mayorías legislativas.
Los candidatos del Centro Democrático perdieron en las principales ciudades en las elecciones locales y regionales de octubre, la desaprobación de Duque alcanza el 69% en las encuestas más recientes y la oposición forzó este mes la renuncia del cuestionado ministro de Defensa, Guillermo Botero, relevado por el excanciller Carlos Holmes Trujillo. Fue precisamente durante el debate de moción de censura a Botero en el Senado cuando se conoció la operación militar contra disidencias de las FARC el pasado agosto en la que murieron al menos ocho chicos en el departamento de Caquetá, un episodio que desató una nueva oleada de indignación.
En el plano económico, Colombia exhibe un envidiable crecimiento –3,3% del PIB en el tercer trimestre–, pero la tasa de desempleo se mantiene en dos dígitos y pasó a ser la principal preocupación de los colombianos en las encuestas. Además, el Gobierno debe volver a pasar por el Congreso la resistida reforma tributaria con la que ya contaba después de que la Corte Constitucional hizo caer la legislación original, un terreno fértil para un descontento que los manifestantes intentarán replicar en las calles.
