El Senado de Chile aprobó en general en la madrugada de este jueves la "ley antiencapuchados", que aumenta las penas contra quienes cometan delitos durante actos públicos o contra quienes actúen en estas instancias ocultando su identidad.
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El texto, enviado por el presidente Sebastián Piñera, fue aprobado con 22 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, durante una sesión especial celebrada anoche.
El documento regresó a la Comisión de Seguridad donde deberá atravesar su próximo trámite: la votación en particular, según explicó el medio local Cooperativa.
La aprobación se produce en la sexta semana de la crisis político y social más grave desde el regreso de la democracia (1990) en el país, con protestas ciudadanas, saqueos y enfrentamientos. La violencia desatada ha dejado hasta el momento una veintena de muertos, miles de heridos y detenidos. En este marco, hay centenares de denuncias de violación de derechos humanos durante la represión.
La "ley antiencapuchados"
La ley establece que aquellos que alteren gravemente la tranquilidad pública en actos públicos, sean o no autorizados por la autoridad, y que cubran su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, serán sancionados con reclusión menor en su grado medio (541 días a 3 años y 1 día).
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En el caso de los delitos contra las personas, se reconoce como agravante el uso de capucha u otros elementos semejantes con el fin de ocultar la identidad.
El texto reafirma que "la garantía constitucional relativa a la libertad de reunión de las personas debe realizarse en forma pacífica" y en función de ello, dota "al ordenamiento jurídico de sanciones más severas y se entrega herramientas más eficientes a Carabineros" para enfrentar disturbios, delitos y desmanes contra el orden público.
La aprobación se produjo después del emplazamiento de Piñera a avanzar en la agenda legislativa impulsada por el Gobierno para restablecer el orden público.
Esta agenda incluye la ley "antisaqueos" y la ley que -de aprobarse- permitirá a las Fuerzas Armadas proteger la infraestructura crítica e incluye la exención penal para los integrantes de las fuerzas de seguridad.
No es primera vez que el Congreso Nacional debate una iniciativa de esta naturaleza, ya que durante el primer mandato de Piñera (2010-2014) se impulsó la denominada "ley Hinzpeter", que entre otras materias, buscaba combatir el uso de capuchas (pasamontañas) en manifestaciones. No obstante, la idea no prosperó.