A 80 días del estallido social chileno del 18 de octubre, grupos de jóvenes intentaron boicotear la Prueba de Selección Universitaria (PSU), el examen que unos 297.000 estudiantes recién egresados rinden entre este martes y miércoles para ingresar a la educación superior, tanto pública como privada. En las últimas horas se registraron ataques, ocupaciones y protestas en algunos de los 729 establecimientos destinados a la selectividad en todo el país, lo que ha obligado a las autoridades a suspender la prueba en 64 recintos educacionales, según ha informado el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile (DEMRE), que tiene a su cargo el proceso de admisión a la educación superior. Cerca de un 10% de los estudiantes no pudo rendir el examen a causa de las manifestaciones, que han dejado al menos 81 detenidos en todo el país, de acuerdo al Gobierno.
“Una minoría amenaza con boicotear con violencia la PSU. El Gobierno protegerá el legítimo derecho de la mayoría a ejercer sus derechos”, señaló el presidente Sebastián Piñera, que este lunes se reunió en La Moneda con sus ministros de Interior y Educación para evaluar el complicado arranque de la selectividad, que mantiene en alerta a miles de jóvenes y familias chilenas.
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Originalmente programada para el 18 y 19 de noviembre pasado, la PSU se había postergado primero para el 2 y 3 de diciembre, pero la compleja situación del país llevó a las autoridades a aplazarla por segunda vez para este 6 y 7 de enero. Agrupaciones como la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES), sin embargo, buscaban que se acordara un “método de emergencia” que contemplara la cancelación de la PSU, que consideran un instrumento discriminador contra los estudiantes de familias con menos recursos. “El 6 y 7 de enero no será una fecha de normalidad para les secundaries”, informaron hace dos días a través de su cuenta de Twitter bajo el hashtag #NoMásPSU. “Porque no queremos más pruebas segregadoras que ponen nuestro futuro en manos del mercado y el negocio de la educación. Porque queremos que todos tengas las mismas oportunidades”, señalaron desde la ACES.
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), que tiene a su cargo la organización de la prueba, hizo un llamamiento en las horas previas a quienes impulsan las manifestaciones: “Piensen en los estudiantes que están ejerciendo un derecho. Nada nunca debe justificar que otros no puedan ejercer un derecho por medios de actos de fuerza”, señaló Aldo Valle, vicepresidente ejecutivo del consejo y rector de la Universidad de Valparaíso.
En Puente Alto, un popular municipio del sur de la capital, cuatro jóvenes de entre 18 y 21 años fueron detenidos cuando intentaban ocupar el colegio Fernando de Aragón junto a otras 10 personas. Lo mismo buscaban unos cincuenta jóvenes en el Liceo Politécnico Ciencia y Tecnología de La Cisterna, otra comuna del sur de Santiago de Chile, pero Carabineros impidió la ocupación. Lograron, sin embargo, romper la parte de la infraestructura del establecimiento educacional y sacar mobiliario a la calle para prender barricadas. Una situación similar ocurrió en el municipio de El Bosque.
En el norte del país, unos 40 manifestantes lograron su objetivo en los liceos José Antonio Carvajal y De Música de la ciudad de Copiapó y clausuraron las puertas del establecimiento, por lo que las autoridades optaron por cambiar las sedes del examen. En la isla de Chiloé, al sur del país, el colegio Rayen Mapu de la localidad de Quellón amaneció este lunes ocupado, por lo que los 351 estudiantes del municipio deberán rendir la PSU en otro lugar y por la tarde. Tampoco funcionarán como sedes del examen un establecimiento de la ciudad de Valparaíso y otro en Arica, en el extremo norte del país.
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De acuerdo con uno de los portavoces de la ACES, Víctor Chanfreau, “son cerca de 60 los establecimientos donde se suspendió la PSU y van a aumentar, porque habrá recorridos por liceos para cancelar la prueba de la tarde”. “Mantenemos el llamado a protestar en la PSU de esta tarde y en la de mañana”, agregó.
Las protestas sociales, que comenzaron en Chile el pasado 18 de octubre, estallaron por la acción de los estudiantes, que protagonizaron las entradas masivas a las estaciones del metro sin pagar, en protesta por el alza del precio del pasaje. Los alumnos llevan más de una década reclamando en las calles contra el sistema educativo que implantó en el régimen de Augusto Pinochet que aún hoy, tras varias reformas, se mantiene en el puesto más bajo de la OCDE. Las revueltas sociales en demanda por mejores servicios básicos como las pensiones, la salud y la propia educación fueron masivas: más de un millón de personas se congregó el 15 de noviembre solo en Santiago. Mientras, las protestas desbordadas registraron niveles inéditos de violencia y destrucción en distintas ciudades.
De acuerdo con información oficial, en estos 80 días hubo 27 muertos. De los 21.686 detenidos, los tribunales decretaron prisión preventiva para 1.615. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reporta 3.583 civiles heridos, mientras el Gobierno informó de 3.516 policías y militares en la misma condición. Diversos organismos internacionales denunciaron violaciones a los derechos humanos en Chile por parte de carabineros y militares.
En estos 80 días, las movilizaciones fueron bajando la intensidad y los niveles de violencia. Si en los primeros días del estallido social los “eventos graves” llegaron a 350 a nivel nacional solo en una jornada, en diciembre solo hubo tres días donde se reportaron más de 10 en todo el país. Influyeron las fiestas de fin de año y la inminente llegada de las vacaciones de verano, lo que no significa, sin embargo, que la protesta haya desaparecido, como lo mostraron los miles de manifestantes que se reunieron la noche del 31 de diciembre en Plaza Baquedano y quienes todos los viernes llegan a la Plaza Italia de Santiago de Chile, el epicentro de las concentraciones en la capital. Hace tres días, nuevamente algunos grupos provocaron graves destrozos en la zona, como el incendio de la capilla de Carabineros.
La clase política no tiene un solo diagnóstico sobre las razones del estallido y tampoco una posición única para abordar la protesta y la violencia, que podrían resurgir en marzo cuando se inicie oficialmente el 2020 con el inicio del año académico. El Gobierno de Piñera apuesta a asegurar que se desarrolle adecuadamente en proceso constitucional que contempla un plebiscito el 26 de abril próximo y una agenda social que involucra 5000 millones de dólares entre 2020 y 2022, que incluye reformas a las pensiones y al sistema público de salud. Para el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ninguno de estos objetivos será posible de concretar sin el restablecimiento del orden público.
