Los países de la Unión Europea aprobaron este lunes un endurecimiento de sus normas migratorias que permitirán la creación de verdaderos “centros de deportación” fuera del bloque, en un contexto de auge de la derecha y la extrema derecha.
Las medidas, presentadas inicialmente por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, buscan endurecer el control de las llegadas y las expulsiones de migrantes.
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Los ministros del Interior de los 27 Estados miembros, reunidos este lunes en Bruselas, dieron el primer paso para aprobar estas iniciativas, que deberán ser ahora ratificadas por el Parlamento Europeo.
Cuáles son las medidas migratorias aprobadas por la UE
El paquete migratorio aprobado contempla la apertura de “centros de retorno” fuera de las fronteras de la UE donde se enviaría a los migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada. Allí esperarán hasta su deportación.
Los migrantes serán devueltos a sus países de origen o a otros que Europa considere “seguros”, como ha hecho Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.
Además, habrá sanciones más severas contra quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo.
“Es realmente importante que transmitamos a los ciudadanos la sensación de que controlamos lo que está ocurriendo”, subrayó el comisario europeo Magnus Brunner, artífice de este giro restrictivo en la política migratoria del Viejo Continente.
España y Francia escépticos
Las propuestas desataron la indignación de la izquierda y de las organizaciones que defienden a los exiliados, que denuncian una vulneración de los derechos humanos.
“En lugar de invertir en seguridad, protección e inclusión, la UE opta por políticas que expondrán a más personas al peligro y a la inseguridad jurídica”, advirtió Silvia Carta, de PICUM, una ONG que trabaja en la defensa de los migrantes en situación irregular.
Las medidas tomaron impulso a partir de que Dinamarca ejerce la presidencia rotatoria de la UE y lleva tiempo defendiendo estas iniciativas. Sin embargo, persisten las dudas en algunos países del bloque.
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España no cree que los “centros de retorno” sean efectivos, después de varios ensayos fallidos en otros países, mientras que Francia cuestiona la legalidad y eficacia de ciertas propuestas.
Esta posición resulta, sin embargo, cada vez más “difícil de mantener”, dada la fuerte presión ejercida por algunos países, aseguró el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Estas medidas cuentan además con el respaldo de los diputados de derecha y extrema derecha, que pactaron una alianza en el Parlamento Europeo la semana pasada.
Varios eurodiputados y dirigentes abogan por una adopción final a inicios del próximo año.
(Con información de AFP)
