El 4 de mayo de 2021, Chahinez Daoud, de nacionalidad argelina, salió de su casa en el barrio francés de Mérignac sin imaginar que su exmarido la estaba esperando. Minutos después, fue atacada brutalmente: la roció con un líquido inflamable y la quemó viva frente a los vecinos que intentaban ayudarla.
La mujer tenía 31 años, era madre de tres hijos y había denunciado en varias ocasiones a su agresor, identificado como Mounir Boutaa, quien al momento del hecho tenía una restricción perimetral.
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El caso generó indignación y una gran repercusión en Francia, ya que la investigación demostró graves fallas en el sistema de protección de las víctimas de violencia de género.
Un crimen atroz
En junio de 2020, Boutaa fue condenado a 18 meses de cárcel por golpear a Chahinez, aunque fue liberado en diciembre de ese mismo año, apenas cinco meses antes del crimen.
En ese entonces, la Justicia le impuso una orden de restricción que le prohibía acercarse a ella y a sus hijos. Sin embargo, estas medidas no se cumplieron y el hombre comenzó a seguirla y a amenazarla constantemente.
De acuerdo a la investigación posterior, la víctima había denunciado estos episodios a la policía local, pero no recibió ninguna respuesta efectiva ni obtuvo protección policial en su casa.
El día del crimen, el 4 de mayo, Boutaa se presentó en la dirección donde su exmujer vivía junto a sus tres hijos. Estaba armado y llevaba una botella con combustible.
El hombre esperó a que Daoud saliera para dispararle varias veces e impedir que escapara. En cuestión de segundos, la arrastró hasta la vereda y la prendió fuego. Luego, incendió su casa y se dio a la fuga.
Varios testigos presenciaron la escena, sin poder creer lo que estaba ocurriendo. A pesar de que llamaron a una ambulancia y a las fuerzas policiales, no pudieron hacer nada para salvarla. Incluso, muchos de ellos grabaron algunas imágenes del brutal ataque y se viralizaron rápidamente en las redes sociales y medios franceses.
Poco después del asesinato, las autoridades lograron detener al agresor a unos kilómetros del lugar, a pesar de haberse resistido.
Un país conmocionado y un intenso debate
Tras el impactante femicidio, el presidente Emmanuel Macron y el entonces ministro del Interior, Gérald Darmain, se refirieron públicamente al caso y admitieron los errores del sistema de protección.
Luego de ello, el gobierno ordenó una investigación interna para determinar si las autoridades locales habían fallado en su deber de proteger a la víctima.
Días después del crimen, miles de personas se movilizaron en distintas ciudades del país para exigir justicia y reclamar medidas concretas para evitar casos similares.
En el medio de la conmoción, la autopsia al cuerpo de Chahinez confirmó que la causa de muerte fue por las quemaduras provocadas durante el ataque. Además, el avance de la investigación permitió que la fiscalía pudiera determinar algunas pruebas que complicaron la situación de Mounir Boutaa.
En primer lugar, los agentes establecieron que el exmarido de la víctima actuó con premeditación y extrema violencia, ya que en los días previos al ataque, había buscado información en Internet sobre cómo fabricar bombas caseras y manipular combustibles inflamables.
Asimismo, el testimonio de los testigos que vieron la escena y las filmaciones se posicionaron como los elementos materiales fundamentales en el expediente.
Mientras tanto, la cobertura del caso en la prensa francesa abrió un intenso debate sobre cómo un acto semejante pudo haber sucedido, pese a las denuncias previas. De esta manera, Chahinez fue considerada por los medios como “la víctima que el Estado no supo proteger”, una consigna que se vio reflejada en la indignación de la sociedad y en los carteles que se veían en las marchas por el pedido de justicia.
En paralelo, hace años que las organizaciones feministas venían pidiendo una revisión de las políticas que monitoreaban a los condenados por violencia de género. Sin embargo, no fue hasta el femicidio de Chahinez que esta medida se activó. Fue así cómo se aceleró la implementación de tobilleras electrónicas y diferentes dispositivos de geolocalización para los agresores que se reincidían en la sociedad.
El juicio
Finalmente, en marzo de 2025, comenzó el juicio contra Mounir Boutaa en el Tribunal de lo Penal de Gironda. En las audiencias, el acusado reconoció haber atacado a su exmujer, aunque intentó atribuir su conducta a un supuesto “estado de furia”. “Me hirió tanto que no sentí nada, no me siento culpable”, sostuvo el acusado en su declaración.
Sin embargo, los fiscales sostuvieron que el crimen fue planificado y llevado a cabo con “frialdad”. Por su parte, la defensa argumentó que Mounir “actuó bajo impulsos emocionales”.
La familia de la mujer asesinada asistió al juicio acompañada de organizaciones de mujeres y activistas por los derechos humanos. La madre de Chahinez fue una de las que tomó la palabra ante el tribunal y pidió que el caso sirviera “para que ninguna otra mujer muera por falta de protección”.
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La audiencia final se centró en la responsabilidad de las instituciones, con representantes del Ministerio del Interior y de la Justicia convocados como testigos. Ambos organismos admitieron que hubo “fallas en la comunicación” entre las dependencias que debían controlar al femicida.
El tribunal declaró culpable a Mounir Boutaa por el asesinato de su exesposa y lo condenó a cadena perpetua. Además, la sentencia incluyó un período de seguridad de 22 años, esto quiere decir que no podrá solicitar la libertad condicional o reducción de pena hasta haber cumplido ese tiempo en la cárcel.
