Mientras el Gobierno despliega tropas del Ejército y la Armada en la frontera norte, el límite entre la Argentina, Paraguay y Brasil sigue mostrando su verdadera cara: la Triple Frontera es un territorio liberado, donde la ley es apenas un rumor y los protagonistas son menores de edad, con armas en la mano.
Hay un nene que no aparenta tener más de 12 años. Está del lado paraguayo, custodiando un bote que cruzará ilegalmente hacia la Argentina. Lo más escalofriante es que lo hace empuñando una Itaka: un arma de alto calibre, de enorme poder de fuego.
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Esto no es un hecho aislado. Es la rutina diaria en Puerto Iguazú. Botes repletos de pasajeros y contrabandistas cruzan constantemente desde la Argentina hacia Paraguay, para luego regresar cargados con mercadería ilegal de todo tipo.
Neumáticos, ropa, electrodomésticos e incluso heladeras atraviesan el río sin ser declarados. Las embarcaciones cruzan al límite de su capacidad, con el riesgo permanente de hundirse.
Para proteger la carga, los contrabandistas se comunican por handy, alertando a sus cómplices de un posible operativo. Un bote de Prefectura Argentina cruza a toda velocidad… Pero ya es tarde. Los pasajeros pisaron suelo paraguayo.
Del otro lado, un camino sinuoso lleva a un colectivo que transportará a los compradores hasta el centro de Ciudad del Este, donde se harán las adquisiciones.
Más tarde, pequeñas combis llevarán la carga de vuelta al borde del río. En la costa, la tensión se palpa. Cualquier movimiento puede ser interrumpido por un operativo sorpresa de las fuerzas de seguridad.
Y es ahí donde la imagen vuelve a golpear: otro nene, tampoco mayor de 12 años, custodia una de las embarcaciones con un arma de alto poder de fuego. Está a plena vista, y nadie parece sorprenderse. Es una escena normalizada.
Finalmente, los botes cruzan hacia la Argentina, donde, sin ningún tipo de control, comienza la descarga de la mercadería ilegal. Y nuevamente, los protagonistas son menores de edad.
Trabajan descalzos, en ojotas, transportando cargas que superan su propio peso, en un terreno inestable, donde cualquier paso en falso puede terminar en tragedia.
A cientos de kilómetros de allí, en la provincia de Salta, se escribe otro capítulo del drama fronterizo. Desde diciembre, funciona el Plan Güemes: un operativo conjunto entre Nación y Provincia para combatir el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas.
La base del operativo está en Aguas Blancas, una localidad fronteriza clave por donde ingresa gran parte del contrabando proveniente de Bolivia.
El plan incluía la construcción de un alambrado de dos metros de alto por 250 metros de largo, justo sobre el límite con Bolivia, con el objetivo de forzar a la gente a cruzar únicamente por el paso internacional habilitado hacia Bermejo.
Ese alambrado, que conecta la terminal de ómnibus con el paso internacional Aguas Blancas–Bermejo, se terminó la semana pasada. Costó cerca de 36 millones de pesos, pero aún no fue inaugurado oficialmente.
A pesar de la inversión, la gente sigue usando los pasos fronterizos informales. Rodean el alambrado sin mayores obstáculos. A la izquierda está el paso internacional, prácticamente desierto.
El alambrado nuevo y la terminal de ómnibus, por donde transitan a diario cientos de personas que van a comprar a Bolivia. Diez metros más allá, el viejo paso ilegal, ahora cerrado. Y diez metros más acá… el nuevo paso ilegal. Nada ha cambiado.
Este paso clandestino está custodiado por tres fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. Por allí pasa de todo: ropa, electrodomésticos, repuestos, cubiertas.
Las fuerzas, en muchos casos, solo observan. De vez en cuando detienen a alguien para revisarlo, pero el flujo no se detiene.
El cruce en bote dura apenas tres minutos. Cuesta 2000 pesos del lado argentino, 1000 del lado boliviano. Con o sin alambrado, el negocio sigue intacto.
A pocos metros del paso ilegal oficializado, existen otros aún más precarios. Ni siquiera hay presencia de fuerzas de seguridad. Son accesos habilitados por particulares: por 2000 pesos permiten el paso a través del fondo de sus casas hasta llegar al río.
Le avisamos a la dueña de casa que pasaremos con un menor. No hay objeción.
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Pero la historia no termina ahí. En Salvador Mazza, también en Salta, a 230 kilómetros de Aguas Blancas, se encuentra otro punto caliente de la frontera: el paso con la localidad boliviana de Yacuiba.
Aquí, los estacionamientos ubicados a metros del paso internacional funcionan como verdaderas oficinas de migración y aduana paralelas.
Entrás al estacionamiento, pagás 1000 pesos y, en vez de ir hacia la puerta de salida, te dirigís al fondo, cruzás una puerta y en tres minutos estás en Bolivia.
El encargado cobra 1000 pesos por cada bulto que se trae del otro lado. Todo sigue pasando por esta frontera-colador. Incluso, con alambrado. Todo es ilegal, y a la vista de las autoridades que creen que ese alambrado era la solución.
