El Tribunal Supremo permitió este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, revocar el programa migratorio que concede un estatus legal temporal en el país a unos 350.000 venezolanos.
Los abogados del gobierno habían solicitado a la máxima instancia judicial anular una orden de un juez de menor instancia en California que falló contra la decisión de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de ese país.
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La Casa Blanca argumenta que el TPS para Venezuela va en contra del “interés nacional” de Estados Unidos y afirma que la justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria “urgentes”.
La protección podría acabar para algunos migrantes en abril y para otros en septiembre. Trump asegura que la banda de origen venezolano Tren de Aragua está involucrada en “acciones hostiles” y “amenaza con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos”. Según la Casa Blanca, el “régimen hostil” de Maduro mueve los hilos.
Qué es el TPS
El TPS es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que protege de la deportación y da permisos de trabajo a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales.
Varias nacionalidades están protegidas por este programa. De hecho, la Casa Blanca dejó en pie el TPS otorgado a unos 200.000 inmigrantes salvadoreños desde 2001.
Poco después de asumir el poder el 20 de enero, el gobierno de Trump decidió acabar con el TPS para los venezolanos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este programa como “desgraciados” y criminales.
A finales de marzo, un magistrado de California decidió bloquear el intento del gobierno de Trump de acabar con el TPS. Entonces, el juez federal Edward Chen suspendió temporalmente la medida del gobierno por estimar que “huele a racismo”.
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Bajo la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Seguridad Nacional extendió este beneficio a los venezolanos argumentado que Venezuela estaba pasando por una “emergencia humanitaria” causada por una crisis política y económica.
Pero el nuevo gobierno republicano frenó esa extensión en febrero antes de que entrara en vigor.
(Con información de EFE y AFP).
