Tras el contundente triunfo de Daniel Noboa en el balotaje de este domingo, Ecuador entró este lunes en un nuevo período político bajo la amenaza latente del crimen organizado y de una fuerte ofensiva del correísmo que denunció fraude y no reconoció su derrota.
El resultado fue tan inesperado como aplastante. Fueron más de 11 puntos de diferencia (55,87% a 44,13%) que el actual presidente le sacó a su rival de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ahijada política del exmandatario Rafael Correa, exiliado en Bruselas.
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Noboa, un empresario heredero de una de las mayores fortunas del país y que ha gobernado desde la centroderecha en los últimos 16 meses tras la renuncia de Guillermo Lasso, no solo obtuvo su reelección por otros cuatro años. Además, le dio un durísimo golpe al correísmo y sus aspiraciones de volver al gobierno tras ocho años en la oposición.
“No entiendo nada. Esa diferencia ni ellos la tenían. Hay algo raro”, confió a TN una fuente de la Revolución Ciudadana muy cercana a Correa a medida que llegaban los primeros resultados. De hecho, González apenas sobrepasó el 44% de los votos alcanzados en la primera vuelta del 9 de febrero. Poco después, la candidata denunció fraude y anunció que no reconocerá su derrota.
La izquierda, más allá de sus denuncias, recibió un fuerte cachetazo que salpicó a las encuestadoras que vaticinaban un empate técnico y la elección más reñida de la historia democrática local.
Más poder para Noboa y lucha contra el crimen organizado
Noboa salió con un enorme poder de esta segunda vuelta, aunque deberá negociar en una dividida Asamblea (legislativo unicameral) para mantener la gobernabilidad y sortear el desconocimiento a su triunfo desde la izquierda correísta. Su partido ADN no tiene estructura ni mayoría en el Parlamento y deberá consensuar un pacto con el movimiento indígena u otras agrupaciones menores.
Ese será un punto clave antes del comienzo de su segundo mandato. Además, el temor a actos de violencia aún no se disipó del todo, aunque las elecciones se celebraron con normalidad y sin incidentes relevantes. Un eventual llamado a protestas desde la Revolución Ciudadana iniciaría una peligrosa escalada que pondría en jaque al gobierno, como ya ocurrió en 2019 y 2022.
Mauricio Alarcón, Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y contacto de Transparencia Internacional en Ecuador, le dijo a TN que el correísmo no tiene justificación para denunciar fraude y mucho menos riesgos de violencia.
“No lo hay. Había riesgos reales si el resultado era apretado. Pero la diferencia es de más de 10 puntos. Cualquier llamado a la violencia no tiene asidero”, señaló.
El analista dijo que ahora “es el momento de darle vuelta a la página. El resultado afortunadamente ha sido claro. No da lugar a dudas ni a especulaciones. El Consejo Nacional Electoral ha estado a la altura”, indicó.
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Para Alarcón, “hay que empezar un nuevo período de gobierno pensado en el país. No solo en una organización política, sino en cómo darle a los ecuatorianos seguridad, estabilidad económica y transparencia”.
¿Carta blanca para luchar contra el crimen organizado?
El contundente triunfo de Noboa le da un amplio poder para profundizar la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que mantiene maniatado al país. Ecuador es hoy la nación más violenta de la región, con un índice de más de 38 asesinatos por cada 100.000 habitantes (Argentina tiene una tasa de 3,8).
El presidente le ha pedido ayuda al gobierno de Donald Trump para enfrentar al narco y a los grupos mafiosos que dominan amplias zonas del territorio. Se habla incluso de la posibilidad de que vuelvan las bases militares al país, como la de Manta, cerrada durante el gobierno de Correa.
Además, su triunfo le permitirá negociar un acuerdo de colaboración con el polémico empresario y exmilitar estadounidense Erik Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, ahora llamada Academi, que tiene varias denuncias de violaciones a los derechos humanos en Irak.
“Veo con preocupación que no hay una propuesta clara del candidato ganador. Ha habido propuestas políticas. El traer a un mercenario cuestionado internacionalmente o destinar a mansalva fondos sin una hoja de ruta especifica, tiene que ser replanteado”, dijo Alarcón.
El temor a la violencia se palpa en cada rincón del país, incluso en Quito, donde la situación es más tranquila que en el corredor costero, en especial Guayaquil, bastión de las bandas narcos y del crimen organizado que han irrumpido con fuerza en los gobiernos locales.
En ese marco, Alarcón alertó: “La inseguridad no se combate con acciones aisladas o de campaña. Es necesario que el país presente un plan que se aplique en los próximos cuatro años para enfrentar el fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado”.
Steve Dudley, codirector de Insight Crime, una fundación dedicada a la investigación sobre las amenazas a la seguridad nacional de América Latina y el Caribe, dijo a TN en Quito que la seguridad privada podría llegar a Ecuador a través de Prince, pero no con fuerzas en el terreno.
“Hay posibilidad de que entre de manera fuerte en ciertas partes como el área de inteligencia, el mayor uso de drones y cuestiones más tecnológicas y de Inteligencia Artificial. Pero no veo riesgo de que entren mercenarios en el terreno”, precisó.
Para Dudley, “la privatización nunca resuelve los grandes problemas. Lo que resuelve estos problemas son instituciones fuertes, desde la parte judicial hasta la policial, y la pacificación de las cárceles. No se resuelve con la participación de empresas privadas” en la lucha contra la inseguridad.
