Una mujer encontró a su nene de 11 años inconsciente, con el cordón de un zapato amarrado al cuello, en el pasillo de un hotel usado como refugio para migrantes. El nene, que fue declarado muerto en el Hospital Monte Sinaí, había llegado recientemente de Venezuela.
Este es el tercer suicidio registrado en albergues en esa ciudad norteamericana. Los otros dos casos ocurrieron en 2022.
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La noticia volvió a poner el foco en la crisis migratoria en América, que este año tiene cifras récord. Miles de personas se arriesgan por semanas de un trayecto que comienza en el sur y el centro del continente y, para muchos, lleva a la tierra del sueño, Estados Unidos.
Según Amnistía Internacional, las fronteras más peligrosas o complejas que las personas deben cruzar actualmente son el Tapón del Darién, México al límite con Estados Unidos y Haití con República Dominicana. En las dos primeras, los migrantes corren peligro de muerte, mientras que, en la última, existe un conflicto de siglos que afecta el mercado bilateral y golpea aún más a la población haitiana.
La Selva del Darién
La Selva del Darién, también conocida como el Tapón del Darién, es la frontera natural entre Colombia y Panamá. Son 106 kilómetros de pasos irregulares una de las rutas mortíferas, pero no solo por los peligros que representa la naturaleza (serpientes, pumas, montañas, ríos y lodazales).
“En esta área, también pasan contrabando, sobre todo narcóticos, y esto aumenta la vulnerabilidad de la población que atraviesa el territorio”, explicó Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia.
El Darién: las cifras alarmantes
Según fuentes oficiales panameñas, desde enero hasta el 15 de diciembre, más de medio millón de migrantes de distintas nacionalidades (ecuatorianos, haitianos, colombianos, pero también se registraron asiáticos y africanos) atravesaron la selva (508.288). La mayor cifra es la de personas venezolanas (324.144).
También fue un año récord para la migración infantil. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó que 99.995 chicos cruzaron la frontera y que siete de cada 10 son menores de 11 años. Además, algunos de ellos viajan solos o se separan de sus acompañantes durante el trayecto.
Sin embargo, Rodríguez remarcó que estas son estimaciones, los números podrían ser mayores: “Nunca hay una cifra exacta, sobre todo porque mucha de la migración es irregular y no hay forma de contabilizarla en realidad”, dijo a TN.
La Selva del Darién depende de las estaciones en el hemisferio norte. Por lo tanto, el mayor flujo se registra desde finales de junio hasta octubre y desciende desde noviembre, con la llegada del invierno. El pico de migrantes de este año se registró en agosto, con 81.946.
Un informe de Human Rights Watch publicado en noviembre de este año detalla que Panamá comenzó a registrar el cruce de migrantes, de nacionalidades principalmente cubana y haitiana, en 2010. Sin embargo, los venezolanos constituyen la mayor cifra de migrantes registrados desde el 2021. Se estima que 7.7 millones de venezolanos han emigrado hasta ahora, según publicó R4V en noviembre. De ellos, el 37% se encuentra en territorio colombiano, indicó Rodríguez.
La segunda migración
Cuando una persona no logra regularizarse o adaptarse a la sociedad del país donde emigró, se ve obligada a volver a emigrar. No todos los que atraviesan el Darién salieron directamente de Venezuela, por ejemplo. Algunos vivieron en Colombia, Ecuador, Perú o Chile.
Las razones que empujan a las personas a esta ruta mortal no siempre son económicas; la imposibilidad de conseguir un pasaporte y la violencia organizada son otros factores. En el caso de los venezolanos, además, se añaden los visados. Por ejemplo, México, tras una negociación con el gobierno estadounidense, anunció la implementación de la visa desde 2021; Panamá y Honduras la visa para entrar a su territorio desde 2017; Guatemala, desde 2018; y Costa Rica y Belice, desde 2022.
No son muchos los que cuentan con la ventaja de evitar el Darién. Rodríguez remarcó que solo los migrantes regularizados en Colombia, que cuentan con pasaporte, una cédula de extranjería o, incluso, un Permiso de Protección Temporal (el PPT, un documento especial concedido por el gobierno a los venezolanos) pueden tomar la llamada “ruta VIP”. En este año, aumentó la cantidad de personas que toman un vuelo hacia la Isla de San Andrés (Colombia) y cruzan hacia Nicaragua, de manera irregular, en lancha.
El resto, comienza la travesía en el departamento de Antioquia. La página web de Médicos Sin Fronteras detalla los posibles recorridos.
Desde Necoclí o Turbo (Antioquia), viajan en lancha hacia Acandí o Capurganá. Tienen que caminar por tres o seis días (o semanas, en caso de que sufran accidentes y sufran heridas). Al llegar a Come Gallina (Panamá) pagan por el traslado en piragua hasta la comunidad indígena de Bajo Chiquito (Panamá). Una segunda embarcación, cuando es invierno, los lleva a la Estación de Recepción Migratoria de Lajas Blancas (Panamá), o cubren este último tramo a pie durante el verano.
Hay una segunda ruta más costosa. Los migrantes pagan cientos de dólares por pasar desde Capurganá (Colombia) hasta Carreto (en Panamá) en bote. Luego, caminan a través de la selva de dos a cuatro días y llegan a la comunidad indígena Emberá de Canaán Membrillo (Panamá). Allí, deben tomar otra embarcación, luego un camión del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (SENAFRONT) y por último, un bus hasta la Estación de Recepción Migratoria de San Vicente. Este último recorrido toma entre cuatro y cinco horas en invierno, y hasta 8 horas en temporada seca.
Después de atravesar el Darién, los migrantes van a la ciudad de Panamá y se dirigen a San José (Costa Rica) y Managua (Nicaragua), luego a Choluteca, en Honduras. Luego pasan por El Salvador y Guatemala, el último país de Centroamérica y el que limita con México.
Tráfico de migrantes, violaciones y abuso sexual
Ronal Rodríguez señala que una persona paga un estimado de US$2.000 solo durante el cruce del Darién.
El diario colombiano El Tiempo, en el reportaje Migrantes en el Darién: La verdadera historia del negocio de la migración en Colombia, revela que los migrantes deben pagar todo en dólares, desde la comida hasta el alquiler de una hamaca, y, como resaltó Rodríguez, sufren menos los que pagan más. “Hay otras personas que sobre todo migración de sectores populares y migración haitiana que no tienen los recursos y, muchas veces, están supeditados a cargar droga durante la travesía, prestar servicios sexuales y a otras labores en las áreas por las que están pasando”, señaló Rodríguez.
El pago por la extorsión no garantiza que los migrantes no sufrirán robos o violaciones por parte de otros grupos armados. En el caso de los crímenes sexuales, las mujeres y los menores de edad son los más afectados. “Muchos jóvenes ni siquiera se dan cuenta de que son víctimas de abuso sexual. Cuando se encuentran con uno de los grupos al margen de la ley, estas personas los requisan en sus partes íntimas. Esos jóvenes no se dan cuenta de que, cuando tratan de buscar dinero en sus genitales, están siendo sometidos a un acto de abuso sexual. Estos criminales, con un mismo guante de látex, requisan a 10, 30, 50 personas, con todos los riesgos de contraer enfermedades que implica para las personas que están siendo examinadas”, denunció Rodríguez.
Los dueños del negocio migratorio en el lado colombiano del Darién son el “Clan del Golfo”, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que tiene 9.000 integrantes, según HRW. Al igual que otros grupos armados, están en esa zona desde los 70.
“Gran parte de la producción de droga que se hace en Colombia sale por la vertiente del Pacífico y ellos ya tenían una presencia importante en esa área, tanto en la vertiente del Pacífico como hacia el Golfo de Urabá. Eso les generó una posición dominante y, cuando llegó el fenómeno migratorio, encontraron una nueva renta”, explicó el investigador. El Clan del Golfo maneja millones de dólares al año por el tráfico de migrantes.
Además, el poder de este grupo no se limita al traslado, sino que obligan a los migrantes, después de sobrevivir en el trayecto, a compartir en sus redes que lograron pasar sin problemas y que es una ruta segura. Incluso, los presionan para que persuadan a sus familiares de hacer el mismo recorrido.
La realidad es que no todos son capaces de sobrevivir en ese lugar inhóspito. Hay familiares que se quedan rezagados al sufrir heridas, mueren ahogados o son asesinados por los criminales que los acechan a cada paso. Desde 2020 hasta 2023, las autoridades panameñas han encontrado 179 cadáveres. Se desconoce la cifra de desaparecidos.
“No damos abasto”
La situación migratoria en esta frontera se expone en una frase del coordinador de proyecto de Médicos Sin Fronteras en el Darién panameño, José Lobo: “No damos abasto”. Ese plural no incluye solamente a sus compañeros, sino a todas las organizaciones internacionales y de derechos humanos instaladas en el extremo panameño.
“Hacemos un llamado, no solo al gobierno panameño y colombiano, a los gobiernos de todos los países que están en la ruta hacia los Estados Unidos, sino también los países de donde salen esas personas” a que adapten las rutas migratorias y les aseguren a los migrantes un trayecto “digno y humanitario”. “Médicos Sin Fronteras alerta que no hay atención suficiente ni antes ni después del Tapón”, reiteró.
La gravedad de los casos varía. Hay migrantes que sufren enfermedades en la piel, enfermedades respiratorias, pero también hay cuadros graves como diarrea con sangre, producto del agua contaminada que consumen en el trayecto. Otros también sufren fracturas por caídas. Además, hay casos de mujeres embarazadas que deben ser remitidas de emergencia por estar en trabajo de parto o tener complicaciones en el embarazo. También tratan casos de VIH.
Además, ofrecen asistencia psicológica a las víctimas de violencia sexual y al grupo de mhGAP (mental health gap), que son las personas con trastornos de salud mental. De enero a noviembre, han asistido a 2.700 personas, detalló la psicóloga de MSF, Daneyka Detouche. De ese grupo, 462 fueron casos de violencia sexual.
“Los principales diagnósticos van en la línea de reacción de estrés aguda”, por la exposición a la violencia y demás situaciones vividas dentro de la selva, remarcó Detouche. Es una adición al “fenómeno de duelo” que implica la migración y el “sentimiento de desesperanza” que afecta a una persona se ve forzada a dejar su familia y su país de origen.
La psicóloga destacó que el efecto en la salud mental de los menores de edad “es bastante alto, porque cuando se toma la decisión de emigrar, no se toman en cuenta a los niños, los adolescentes”, que terminan sintiéndose desprotegidos en el ambiente hostil de la selva.
México y Estados Unidos
La última cifra de migrantes -registrados de manera regular- que atraviesan la frontera entre México y Estados Unidos es de 500.903, correspondiente al periodo enero-septiembre de 2023. La publicó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Este fue un año con cifras “apocalípticas”, aseguró Francisco D’Angelo, director jurídico de Venemex (Asociación de venezolanos en México). D’Angelo es abogado y está radicado en Ciudad de México desde hace 21 años. Su activismo comenzó en 2016 y, principalmente, asistía a los venezolanos que llegaban a solicitar asilo o que iban a tramitar la reunificación familiar. El objetivo era ayudarlos a insertarse en la sociedad, les explicaban el proceso para regularizarse, trabajar.
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La situación cambió drásticamente en 2017 y empeoró durante la pandemia, cuando el gobierno implementó la visa. Si bien la llegada de migrantes fue contenida al principio, el efecto posterior fue totalmente distinto y, tanto para Venemex, una asociación autofinanciada que cuenta con 10 voluntarios, como para las ONG, asistir a todos los migrantes se convirtió en una tarea difícil.
El activista mexicano Luis Rey García, coordinador del Centro de Dignificación Humana (CDH), informó a EFE que, solo durante este año, pasaron “cerca de un millón de migrantes” por Tapachula (Chiapas), la frontera sur de México que limita con Guatemala. Asimismo, aseguró que esa ciudad puede ser considerada como la franja con más movilización de personas en el mundo.
Por otro lado, denunció que, en los últimos tres meses, se estima que murieron 60 inmigrantes de diversas nacionalidades que se decidieron irse caminando hacia la frontera norte para llegar a Estados Unidos.
El sueño americano
Los principales puntos de entrada son Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua; Tijuana, en el estado de Baja California Norte; Sonora, que colinda con Arizona. Tijuana es la frontera más transitada porque conecta con San Diego y Los Ángeles. Son los puntos donde hay más mexicanos y otros migrantes, explicó a TN el analista Mauricio González.
Si bien el flujo migratorio, regular e irregular, existe desde hace décadas, el tema de la migración cobró especial relevancia en el discurso de Donald Trump, enfocado en la discriminación a los migrantes y, principalmente, por el muro fronterizo que ordenó construir. Sus políticas incluyeron el título 42, que fue aprobado durante la pandemia (en 2020) y estuvo vigente hasta mayo de este año. El título 42 se utilizó como una medida de salud que permitía a las autoridades expulsar inmediatamente a los migrantes que cruzaran las fronteras mexicana o canadiense.
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Los peligros de la frontera
González, aseguró que un migrante puede llegar a pagar entre US$3.000 y US$5.000 para cruzar de manera irregular a Estados Unidos. Los que no cuentan con esta cifra, se arriesgan a esconderse en la Bestia, el tren de carga que va desde Chiapas y recorre todo México hasta Sonora y Chihuahua, en el norte. Es un trayecto de meses, en el que los migrantes se exponen “al crimen organizado, a las temperaturas extremas, al riesgo de caerse del tren” y morir o sufrir mutilaciones.
En el intento por llegar a Estados Unidos, los migrantes pueden convertirse en víctimas de trata de personas, ser forzados a vender droga, ser secuestrados o caer en “levantones” en los lugares de México donde gobierna el narcotráfico, explicó D’Angelo. Se le conoce como “levantón” a los casos en los que las personas son raptadas por los grupos armados a modo de “reconocimiento”. En esos casos, los familiares de la víctima recurren a los medios para avisarles a los criminales que se trata de una persona de bajos recursos para que la liberen.
Sin embargo, al descubrir que algunos migrantes tenían familiares que podían pagar la recompensa desde otros países, el levantón se convirtió en secuestros y, así, en un segundo ingreso. A esto se le suman las desapariciones y otros delitos.
“No hay un plan integral”
Venemex está instalada en Ciudad de México, donde llega la mayoría de los migrantes provenientes de la frontera sur (Tapachula, Comitán, Tenosique), pero también los que regresan de la frontera norte y los desplazados de otros estados. “Vemos que el gobierno los pasa de un estado a otro, a veces, intentan cruzar (a Estados Unidos) y los devuelven. No entendemos nunca el criterio del Estado mexicano para mandarlos de un sitio a otro”, señaló el abogado.
D’Angelo denunció, además, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no trabaja en conjunto con las organizaciones. “Desde que asumió, ha habido una especie de separación entre las ONG y el gobierno. Hay algún organismo, como Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) que sí ha estado en contacto con nosotros, pero es un trato distinto. No hemos tenido el trato que tuvimos en otros gobiernos, que buscaban la solución integral. Creo que es un tema ideológico. Creo que la apertura a recibir migrantes no ha cambiado; lo que sí ha cambiado, quizás, es recibirlos de una forma ordenada. No ha habido un plan integral ordenado para esta migración que es de dimensiones apocalípticas”, señaló.
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“La atención del migrante se ha dado de manera correcta, respetando los derechos humanos”, destacó González, pero “el gobierno se ve rebasado por la gran cantidad de migrantes”. “En el caso de México, tenemos acciones o políticas que son endebles, no se piden tantos requisitos para que puedas visitar el país, no se les hace seguimiento a los migrantes para saber cuánto tiempo van a estar, no se les persigue, no se les hostiga, como en los Estados Unidos”, resaltó.
Incendio en Ciudad Juárez
El actual gobierno mexicano se vio involucrado en un hecho que causó conmoción en el mundo el 27 de marzo de este año. Según reconstruyó el diario El País hubo redadas en Ciudad Juárez días antes y en la misma fecha del incidente. El 12 de marzo, 600 hombres habían cortado el Puente Internacional Paso del Norte para protestar por el colapso de la aplicación CBP One para pedir asilo.
Hubo un incendio en el centro del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez y los 67 detenidos quedaron encerrados en las celdas. No se reveló qué originó el fuego, pero el material de vigilancia permitió descubrir que comenzó en una celda.
Murieron 40 hombres: 18 eran de Guatemala; siete, de El Salvador; siete, de Venezuela; seis, de Honduras; y uno, de Colombia. Los 27 sobrevivientes sufrieron heridas de gravedad.
Por el hecho, Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración de México, fue llevado a juicio.
Aumentó la cifra de detenidos en la frontera
En diciembre, el presidente López Obrador reveló que las detenciones en la frontera con los Estados Unidos aumentaron un 31%, según las cifras de la Patrulla Fronteriza estadounidense (CBP por sus siglas en inglés).
En la primera semana de noviembre, hubo 53.016 detenciones, mientras que en la primera semana de diciembre llegó a 69.462 detenidos (9.923 por día).
Crisis humanitaria
Ronal Rodríguez criticó los bloqueos y “medidas unilaterales” que Estados Unidos ha aplicado para intentar reducir el flujo migratorio. “Solamente en el mes de diciembre, ya se han dado 30 vuelos desde Estados Unidos que regresan ciudadanos venezolanos a su país, en unas condiciones que implican una violación de derechos humanos y lamentablemente, las autoridades venezolanas han detenido a algunas personas. Incluso, se especula que los acusa de traición a la patria”, señaló el investigador.
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“Esto es una crisis humanitaria”, remarcó Francisco D’Angelo, “se necesita un plan de acción porque está llegando la gente con problemas graves, psicológicos, y no tenemos la atención suficiente. Está llegando la gente con esa ilusión de que va a ir a Estados Unidos y muchos mueren en el camino, se enferman. A veces, no saben si lo que quieren es ir a los Estados Unidos. Hay mucha gente trabajando, pero el problema desbordó al país y a la ciudadanía y desborda a las organizaciones. Creo que no hay nadie planteándose qué vamos a hacer.
En el caso de los venezolanos, la migración no disminuyó a pesar de la visa, una medida que González observó como una forma de organizar la migración y mantener un nuevo ingreso para el Estado. Sin embargo, reconoció que el resultado era de esperarse. “Las claves para que la migración se pueda controlar es tener acuerdos de seguridad entre todos los países que conforman el continente americano, establecer mejores estrategias económicas y que la Comisión de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas realmente sean organismos que funcionen para tomar decisiones, para dar alternativas, para apoyar económicamente”, sentenció.
Haití y República Dominicana
La frontera entre Haití y República Dominicana se extiende por casi 400 kilómetros. Los puntos de cruce fronterizos regulares son Elías Piña, Jimaní y Pedernales y Dajabón. Este último, el más concurrido.
También en Dajabón, el gobierno Dominicano comenzó a construir un muro en 2022 y aseguró que el objetivo era controlar la migración. El tramo de la verja metálica de casi cuatro metros de altura y 54 kilómetros fue inaugurado en octubre de este año.
Para las organizaciones abocadas a los derechos de los migrantes, esta es una nueva forma de discriminación hacia los haitianos. A este conflicto, se suma el proyecto puesto en marcha en 2018 por civiles haitianos que desviaron el río Masacre, la división natural de ambas islas, para crear un campo de riego. El presidente dominicano, Luis Abinader, se opone al canal de riego porque, según afirma, esa construcción viola un tratado y les quita agua a los agricultores dominicanos.
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Como protesta, el gobierno dominicano cerró las fronteras terrestre, aérea y marítima durante casi un mes, suspendió las visas y les prohibió la entrada a los haitianos. Al reabrir las fronteras parcialmente el 13 de diciembre, solo se permitió el comercio limitado y mantuvo la suspensión del visado. Además, los vendedores del lado dominicano podían vender alimentos y medicinas, y tenían prohibida la venta de artículos de construcción como hormigón y varillas metálicas, ya que las autoridades dominicanas aseguraron que esto ayudaría a la construcción del canal, según informó The Associated Press.
A esto se le suma un aumento de deportaciones de haitianos. “El tema migratorio de este año ha habido un retroceso en cuanto a la protección de los derechos de las personas migrantes. Las deportaciones se han incrementado de manera masiva sin el debido proceso”, remarcó William Charpantier, coordinador de la Mesa para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana.
Según el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR), República Dominicana deportó a 185.310 haitianos, entre ellos, 532 embarazadas y 2.981 menores de edad no acompañados.
“Han puesto a la policía a detener a inmigrantes con la referencia de tez negra. Cualquier persona que sea negra es sospechosa de ser haitiana y la policía la detiene en cualquier parte del territorio dominicano. Ha habido dominicanos de tez negra detenidos”, señaló Charpantier. Agregó que algunos, por las tensiones en el país, decidieron regresar voluntariamente a Haití en septiembre y octubre, mientras que otros se esconden en las casas porque los operativos son como “cacerías de brujas”. Ha habido dominicanos de tez negra detenidos”.
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“No nos oponemos a las deportaciones”, cuando son llevadas a cabo de acuerdo con la ley y el debido proceso, en el aeropuerto o la frontera aclaró. Sin embargo, en los últimos tres años, “se han incrementado las deportaciones concomitantes con un discurso xenofóbico, de odio, de resentimiento. Este gobierno se ha consagrado a incrementar la deportación”, denunció.
La asociación civil que coordina Charpantier, junto con la OIM, lucha por orientar a los migrantes haitianos para tramitar la debida documentación con los consulados, desde actas de nacimiento hasta pasaportes. Los haitianos huyen de la inseguridad y la crisis económica sin documentos, y esta situación impulsó la creación de tráfico de migrantes. “Hay muchos sectores que están involucrados en eso, haitianos, incluso, militares dominicanos, que ven la oportunidad de negocio. Es un círculo vicioso”, señaló.
A pesar de los esfuerzos de las organizaciones, Charpantier aseguró que el gobierno dominicano “prácticamente les ha cerrado las puertas” a los haitianos que intentan renovar sus documentos para permanecer en el país, “está todo paralizado” desde hace tres años, denunció.
En cuanto al conflicto relacionado con el canal de riego, Charpantier aseguró que ha habido reuniones recientemente, pero los países no han llegado a un consenso. Además, los haitianos decidieron no comprar productos del lado dominicano en respuesta a las restricciones del gobierno de Abinader, lo que ha generado pérdidas millonarias en el mercado fronterizo, dependiente de la relación bilateral.
Un conflicto histórico
Como explicó Jackson Jean, hubo buena relación entre estos países durante la historia, pero el conflicto surgió cuando “empezaron a tener dictadores de ambos lados”. Jean es un periodista haitiano radicado en Buenos Aires. Además, es integrante de la Red Hemisférica por los Derechos de las y los Haitianos (REDMA) y del Programa de Investigación y Extensión sobre Afrodescendencia y Estudios Afrodiaspóricos (UNIAFRO, en la Universidad de San Martín).
Las relaciones o diferencias entre ambas naciones se remontan al siglo XIX, en la época independentista. Por siglos, algunos han visto la historia como un intento de unificación, mientras que otros la recuerdan como la lucha de República Dominicana por independizarse de Haití después de liberarse del yugo español.
Sin embargo, Jackson Jean destacó que entre estos países no siempre hubo enemistad: “Haití tuvo muy buena relación con República Dominicana hasta que llegaron gobiernos conservadores, dictadores, en las dos partes de la isla. Por Haití, con (François) Duvalier y, por otro lado (Rafael Leónidas) Trujillo en República Dominicana, quien masacró a 30.000 haitianos. El presidente Trujillo fue quien empezó a generar ese odio antihaitiano en la isla para justificar su masacre”.
Los gobiernos que son más conservadores, explicó Jean, “se reapropian del discurso de Trujillo para mantener un margen de electorado en el marco de sus campañas. Actualmente, estamos viendo el mismo suceso con (Luis) Abinader, quien tiene un discurso antimigrante haitiano porque esto puede ser capitalizado en el contexto electoral”, por ejemplo, durante 2024, cuando se celebrarán las elecciones generales.
Jean resaltó que uno de los gobiernos que precedió al de Abinader “anuló la nacionalidad familias o personas de ascendencia haitiana. Estamos hablando de miles de dominicanos que se encuentran en situaciones apátridas, otros que no saben nada de Haití, no saben creole, incluso, nunca habían pisado Haití, sus padres eran dominicanos nativos”.
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El periodista hace referencia a la reforma constitucional de 2010 hecha por el entonces presidente Leonel Fernández, donde establecía que los hijos de padres en situación irregular nacidos en República Dominicana no podían adquirir la nacionalidad. En 2013, en la administración de Danilo Medina Sánchez, el Tribunal Constitucional le dio un carácter retroactivo a esta medida y afectó a las personas que nacieron desde 1929 hasta 2010. En septiembre de este año, Amnistía Internacional denunció el cumplimiento de una década de este decreto y criticó al Estado por “perseguir, amedrentar y expulsar a personas haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana”.
Los haitianos sufren por el fortalecimiento de bandas criminales y el caos y la violencia se incrementaron desde el asesinato de Jovenel Moise en 2021. “Las bandas armadas ocupan el 70% del territorio haitiano”, señaló Jean. Esto, sumado a la crisis económica, expulsa a los ciudadanos al lado dominicano y, por la urgencia, muchos cruzan la frontera de manera irregular. “La mayoría son campesinos del departamento de Artibonito, que está totalmente ocupado por bandas armadas, y habitantes de Puerto Príncipe, que está rodeado por bandas”.
Además, Jean denunció que la embajada dominicana “cobra el doble” a los haitianos por la alta demanda de visas y que el consulado de República Dominicana en Haití está cerrado desde hace unos meses debido a la violencia y luego por las fricciones generadas por el canal de riego. El gobierno dominicano establece que la visa se debe gestionar en el consulado desde el país origen, algo que ahora es imposible para los haitianos.
Por otro lado, en el terremoto de Haití en 2010, muchas personas perdieron sus documentos, especialmente la partida de nacimiento. “Para obtener este documento, Haití todavía tiene un sistema arcaico, hay que hacer un juicio y cuando sale la resolución, hay que ir al archivo nacional, que tiene autoridad para emitir esta documentación. Actualmente, este Palacio de Justicia es la base de una banda armada. Como no existe el espacio para hacer los documentos, muchos tampoco pueden conseguir pasaporte, aunque tengan el dinero”, explicó Jean.
El panorama se agrava, como subrayó el periodista, porque el Estado haitiano no permite que el ejército intervenga. Tras solicitar ayuda internacional, la ONU aprobó el envío de una fuerza internacional a este lado de la isla, 1.000 policías de Kenia, pero esto, desde su perspectiva y otros especialistas, cambiará la situación. “La negligencia del Estado y su incompetencia y desinterés en resolver la cuestión de las bandas armadas y segundo, la corrupción dentro de la frontera dominicana, así como dentro de las embajadas y del consulado dominicano que está actualmente cerrado”, impiden que se solucione el problema migratorio.
