El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en siete regiones del país, en medio de las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y que causaron al menos 48 muertos.
La medida suspende los derechos constitucionales y otorga el control del orden interno a la policía y a las Fuerzas Armadas.
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El anuncio fue hecho este domingo a través del diario oficial.
Los departamentos donde se impuso la medida son el amazónico Madre de Dios y los de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, todos en la región sur-sudeste del país. Una medida similar está vigente, hasta mediados de febrero, en las regiones de Lima, donde se encuentra la capital, y El Callao, sede de las principales terminales marítima y aérea del país.
Qué significa el estado de emergencia declarado en 7 regiones del Perú
La medida restringe o suspende “derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, detalló el diario oficial.
El decreto también declara la “inmovilización social obligatoria” de personas desde las 20:00 hasta las 04:00 durante 10 días en el departamento de Puno, con excepción de aquellas que lo hagan para desempeñar actividades productivas o laborales o quienes requieran atención médica urgente.
En esa región del altiplano, epicentro de las manifestaciones antigubernamentales, el decreto dispone que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asuma el mando unificado de soldados y policías.
Cruentos enfrentamientos ocurrieron el 9 de enero en Juliaca, una de las principales ciudades puneñas. Los disturbios dejaron 19 personas muertas, incluido un policía, mientras que los bloqueos de vías en la frontera con Bolivia mantienen en parálisis y tensión la vida de esa región.
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En Lima, una multitudinaria marcha de campesinos, civiles y estudiantes en contra del gobierno de Boluarte y pidiendo el cierre del Congreso culminó el sábado con enfrentamientos en el centro de la ciudad.
La protesta se realizó un día después de que el Parlamento bloqueó hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones generales. Con esta decisión, basada en tecnicismos procedimentales, el Congreso dio un portazo a la posibilidad de renovar la Presidencia y el Congreso en 2023, como claman los manifestantes desde diciembre.
Además, los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Boluarte reemplazó al expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido y arrestado el 7 de diciembre tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
