Las violaciones a los derechos humanos rodearon la polémica que llevó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a ausentarse de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se llevará a cabo este martes en Buenos Aires.
Referentes de Juntos por el Cambio venían advirtiendo en los últimos días a Alberto Fernández sobre la necesidad de denunciar al gobierno chavista en ese foro regional. Incluso, la titular del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que presentaría un pedido de captura contra el mandatario venezolano.
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En cambio, el presidente argentino afirmó que Maduro “está más que invitado” al encuentro regional. Finalmente, el mandatario caribeño optó por enviar a su canciller, Yván Gil, a Buenos Aires.
Las denuncias y presiones de la oposición están basadas en el crudo informe sobre la situación en Venezuela elevado a fines de junio pasado por la entonces alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Qué dice el informe Bachelet sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela
El llamado informe Bachelet fue uno de los últimos elevados por la expresidenta de Chile antes de dejar el cargo de ese organismo de la ONU en agosto del año pasado.
En el reporte, Bachelet aseguró que en distintas investigaciones realizadas en Venezuela entre marzo de 2021 y abril de 2022, su equipo “documentó 166 restricciones indebidas, incluidas la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes”.
Además, apuntó contra una cuestión que acumula denuncias desde hace años en Venezuela: la libertad de expresión.
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En ese sentido, denunció: “Mi oficina documentó 34 casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación, así como casos de bloqueo de portales web de medios”.
Los cuestionamientos más trascendentes del informe Bachelet sobre Venezuela
En otro informe, elevado en julio de 2021, Bachelet detalló entre otras cosas:
- Denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- Informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación a detenidos.
- Denuncias de personas a las que se las mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares.
- Informes de violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva.
- Paraderos desconocidos de varias personas.
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- Violación sistemática de los derechos de personas acusadas, sin derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, a un juicio imparcial y a la asistencia jurídica
- Denuncias de torturas de detenidos devueltos a la custodia de los presuntos autores de dichas prácticas.
El gobierno de Maduro rechazó cada uno de los informes de Bachelet, a los que tildó de “parciales, cargados de afirmaciones sesgadas y desbalanceados”.
