Bolivia vive el último día del año en un clima de tensión absoluta. Es que la escalada de violencia durante las protestas en defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido en La Paz desde el miércoles, desató la quema de vehículos y el ataque a varios edificios por parte de los manifestantes. A su vez, la policía intervino con balas de goma y gases lacrimógenos.
Camacho, el principal referente de la oposición boliviana, está acusado de “terrorismo” en un caso relacionado con la caída del expresidente Evo Morales en 2019. Por este motivo, el miércoles la Justicia solicitó la detención preventiva del gobernador por un período de seis meses.
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Inmediatamente, la captura del líder del partido Creemos desató la movilización de sus seguidores en Santa Cruz. Durante los últimos días, grupos mayoritariamente pacíficos protestaron por toda la ciudad bloqueando carreteras con neumáticos y piedras, pero no se registraron hechos de violencia.
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El origen de la escalada violenta
Las circunstancias se fueron de las manos cuando varias personas que estaban en la protesta intentaron tomar el Comando de la Policía local. Según consignó el diario cruceño El Deber, “la gente se concentró a los pies del Cristo Redentor con la idea de llegar hasta el Comando de la Policía, que está a solo metros del monumento.
En medio de la revuelta, más de 20 manifestantes fueron detenidos en el marco de un importante operativo que incluyó gritos, corridas y gases lacrimógenos. En rigor, vecinos del lugar denunciaron que “la intervención policial sobrepasó cualquier límite”.
Producto de la violencia, un periodista fue herido a quemarropa por la policía. Se trata de José Enrique Tarqui, camarógrafo de Periodismo Somos Todos. El comunicador denunció este hecho en las redes sociales y contó que el personal médico extrajo cinco balines de su cuerpo.
En medio de la confusión, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo en Twitter que estaba recibiendo informes de “graves ataques” a periodistas atribuidos a despliegues policiales. “Pido a las autoridades que den instrucciones públicas a sus agentes sobre el deber de garantizar las libertades de prensa”, sentenció.
