En las últimas décadas América Latina se caracterizó por tener turbulencias políticas, inestabilidades económicas y una gran cantidad de cambios de gobierno. Denuncias por corrupción, mal desempeño en sus funciones y denuncias de golpe. Estos fueron algunos de los motivos que terminaron con el mandato de múltiples presidentes en la región.
La intención de Pedro Castillo de concretar un autogolpe de Estado con la disolución del congreso y su posterior detención es el caso más reciente y resonante. La destitución de Dilma Rousseff en Brasil en medio de múltiples sospechas contra la oposición es otro recuerdo que flota en el inconsciente latinoamericano. Ecuador, Paraguay, Guatemala y Venezuela también vivieron –o viven- sus crisis.
Castillo, el maestro rural que quiso llevar adelante un golpe
Ayer por la tarde el expresidente peruano fue destituido y detenido después de 17 meses en el poder bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acuso de corrupción y tráfico de influencias. Su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de Perú.
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Pero no es la primera crisis que vive este país. El 9 de noviembre de 2020, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral” en un trasfondo de acusaciones de sobornos. Lo sucedió el presidente del parlamento, Manuel Merino, pero dimitió al cabo de cinco días.
El 21 de marzo de 2018, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dimitió en la víspera de un probable voto parlamentario para destituirlo en el marco de un escándalo de corrupción alrededor de la constructora brasileña Odebrecht.
En noviembre de 2000, el Congreso también destituyó al presidente Alberto Fujimori “por incapacidad moral permanente”. El dirigente caído huyó a Japón pero fue extraditado años después. En 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por haber dirigido masacres de civiles y después por corrupción. Fue liberado el 17 de marzo de 2022.
Brasil y sus emblemáticos casos de destitución
Dilma Rousseff fue removida de su cargo el 31 de agosto de 2016 por más de dos tercios de los senadores, que la consideraron culpable de maquillar las cuentas públicas en un procedimiento muy controvertido.
En septiembre de 2019, su sucesor Michel Temer, tildado de “golpista” por la izquierda, terminó definiendo ese ‘impeachment’ como un “golpe”, aunque negó haber participado en él.
Acusado de corrupción, el mismo Temer evitó en dos ocasiones, en 2017, un proceso ante la Corte Suprema gracias a la votación de los diputados.
En diciembre de 1992, Fernando Color de Mello, acusado de corrupción, dimitió al iniciarse el proceso de su destitución en el Senado y perdió sus derechos políticos durante ocho años.
Ecuador en medio del escándalo por Odebrecht
El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado en el escándalo Odebrecht a seis años de prisión, fue destituido a principios de 2018 después de tres meses de ausencia de sus funciones debido a su encarcelamiento.
En abril de 2005, el presidente Lucio Gutiérrez también fue apartado del cargo tras haber sido acusado, en plena revuelta popular, de haber colocado a personas cercanas en el seno de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de sus predecesores, Abdala Bucaram, acusado de malversación de fondos públicos, fue destituido en febrero de 1997, apenas seis meses después de su investidura.
Guatemala, Paraguay y Venezuela: distintos años, crisis similares
En septiembre de 2015, el presidente guatemalteco Otto Pérez, acusado de dirigir un sistema de corrupción en las aduanas, fue privado de su inmunidad por parte del Parlamento. Ante el riesgo de ser cesado, dimitió y después fue arrestado. El 7 de diciembre de 2022 fue condenado a 16 años de cárcel.
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Mientras que en Paraguay Fernando Lugo fue destituido en 2012 debido a una operación policial contra campesinos sin tierra que terminó con 17 muertos. El senado decidió su remoción, que fue muy criticada por la comunidad internacional, señalando un intento de golpe.
La crisis económica y política en Venezuela se aceleró en la última década. Pero es recordado también cuando el presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación y enriquecimiento ilícito, fue suspendido de sus funciones en mayo de 1993 tras un voto en el Senado. En 1996, fue condenado a 2 años y 4 meses de cárcel.
