La posición de la Argentina en el plano de los organismos internacionales vuelve a quedar en la mira. Hoy por la tarde la delegación nacional ante el Consejo de DDHH (CDH) de las Naciones Unidas condenó a Nicaragua por las persecuciones, detenidos y otras denuncias, pero evitó firmar un documento en conjunto para exigir medidas.
“Instamos al gobierno de Nicaragua a la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y a restablecer los derechos y libertades”, esgrimió la representación argentina en el marco del 51° período de sesiones del Consejo, presidido por el embajador Federico Villegas Beltrán.
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Por, por otra parte, evitó acompañar un documento firmado por otros 46 países que piden tomar “medidas concretar para promover y proteger” los derechos humanos en el país gobernado por Daniel Ortega. Este comunicado fue impulsado por Estados Unidos y cuenta con el acompañamiento de muchos aliados de la Argentina.
Estas expresiones responden al informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde exponen incumplimientos de Nicaragua en el plano del diálogo nacional, reformas institucionales, persecución y asedio a opositores, libertad de expresión, libertad de circulación, privación de libertad y condiciones de detención, entre otros.
Las denuncias contra Nicaragua
“En los últimos meses hemos observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose”, puntualizó ante el Consejo con sede en Ginebra el director de la oficina que se encarga de monitorear el cumplimiento de los derechos humanos, Christian Salazar Volkmann.
Allí presentó el relevamiento del alto Comisionado donde se indica que sólo este año el gobierno de Ortega canceló la personaría jurídica de 1112 organizaciones de derechos humanos y otras asociaciones, cerró 12 medios de radio y televisión de la Iglesia Católica y continuó con las políticas ya denunciadas en sesiones anteriores.
Al mismo tiempo señaló que, al menos, 195 personas continúan detenidas de forma arbitraria y en condiciones “inhumanas”. También apuntó contra el gobierno nicaragüense por la inclusión de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres y la independencia e imparcialidad judicial.
El Gobierno nacional aspiraba a que el embajador argentina Villegas Beltrán presida el órgano que presentó este informe tras la salida de Michelle Bachelet, pero la semana pasada se conoció que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había optado por el austríaco Volker Türk. Fue una desilusión para la delegación argentina.
La postura de la Argentina ante Nicaragua
Luego de un comportamiento pendular al comienzo de la gestión, en el último año la Argentina empezó a condenar la violación de los derechos humanos por parte de Nicaragua en distintos organismos internacionales. Eso le valió las críticas de Daniel Ortega contra el propio Alberto Fernández por el avión venezolano-iraní, por ejemplo.
Pero pese a que la delegación nacional manifestó que siguen “con preocupación los sucesivos informes de la Oficina del Alto Comisionado”, evitaron firmar junto con los otros 46 países el documento donde se exigen medidas concretas e inmediatas por parte de las Naciones Unidas para torcer el comportamiento sandinista.
Puertas adentro, el Gobierno asegura que la “Argentina viene sosteniendo su exigencia al cumplimiento de los derechos humanos por la postura histórica del país”, pero que lo expresa de modo individual y no en conjunto. No es menor pensar que el documento conjunto fue avalado e impulsado por Estados Unidos.
Pedido de medidas concretas, sin el acompañamiento argentino
“Reiteramos nuestro compromiso y solidaridad con el pueblo de Nicaragua y hacemos un llamado a este Consejo a continuar tomando medidas concretar para promover y proteger sus derechos humanos”, reza el texto de dos carillas que fue elaborada inmediatamente después a la presentación del representante del Alto Comisionado y que la Argentina no acompañó.
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Allí también exigen que “Nicaragua restablezca el diálogo nacional y reforme el organismo electoral” para llevar adelante las próximas elecciones municipales de noviembre. Si bien esta carta está dirigida al presidente del Consejo, al argentino Villegas Beltrán, en términos legales la representación podría haber acompañado el documento.
Entre los 46 países signatarios de esta condena se encuentran Brasil, Chile, Colombia, Alemania, Italia, Paraguay, España, Estados Unidos, Reino Unidos y Uruguay, entre otros.
