Singapur ejecutó a un hombre de 49 años por traficar cannabis luego de pasar siete años en la cárcel. Es la sexta ejecución que se produce en la ciudad asiática en los últimos cuatro meses.
La noticia fue confirmada por la activista Kokila Annamalai, quien publicó en su cuenta de Twitter: “Hemos confirmado que un hombre singapurense de etnia malaya de 49 años ha sido ejecutado hoy, 26 de julio, en la prisión de Changi, tras ser condenado por traficar con marihuana”.
Mientras países vecinos como Tailandia relajan el cultivo y consumo del cannabis de bajo efecto psicotrópico, Singapur mantiene una de las leyes antidrogas más severas del mundo. El país asiático contempla la pena de muerte por ahorcamiento y ya son seis las personas ejecutadas por narcotráfico desde marzo pasado.
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Hace solo cuatro días, Singapur ejecutó a otro hombre, Nazeri Lajim, de 64 años, que había sido sentenciado en 2017 por traficar con 960 gramos de heroína.
Corredor de la muerte saturado
Singapur apenas revela información sobre las ejecuciones y son las ONG locales, que están en contra de la pena de muerte, las que suelen enterarse de los ahorcamientos a través de las familias de los presos, que en este caso no ha dado declaraciones, o por otros detenidos.
Estas organizaciones, entre ellas Transformative Justive Collective (TJC), llevan meses advirtiendo que, debido a una saturación en el corredor de la muerte por dos años sin ejecuciones debido a la pandemia de COVID-19, Singapur aceleraría en 2022 el ritmo de las sentencias a pena de muerte.
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Desde el 30 de marzo, cuando se ejecutó a un hombre de 68 años por narcotráfico, ha habido otras cinco ejecuciones, entre ellas la de un preso con discapacidad intelectual, ahorcado el 27 de abril, que generó fuertes críticas por parte de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos.
Todos los presos ejecutados este año han sido condenados por narcotráfico y muchos de ellos son de nacionalidad malaya o singapurenses de etnia malaya, lo que llevó a algunas organizaciones a acusar a las autoridades isleñas de discriminación racial.
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La isla fija en 15 gramos de heroína para importar o exportar, el mínimo para aplicar la pena capital, y en 500 gramos si se trata de cannabis.
