En Reto a la juventud, un centro de tratamiento en Ciudad Juárez, en el norte de México, Jenny Chávez, de 39 años, describió cómo su adicción a las drogas la llevó a perder su trabajo de empleada doméstica, su casa y su familia. La madre de cinco hijos comenzó a consumir cocaína hace diez años, pero las cosas empezaron realmente a desmoronarse cuando pasó a la metanfetamina, un potente estimulante. “Es difícil porque todo el mundo la consume por estos lados”, explicó.
México alberga cientos de organizaciones criminales que envían drogas ilegales al norte. Sin embargo, históricamente, el consumo nacional de esas sustancias ha sido bajo. Eso está cambiando. La encuesta nacional más reciente de México, de 2016, muestra que el 10 por ciento de las personas informaron haber probado alguna sustancia ilegal en sus vidas, un incremento en comparación al 7 por ciento en 2011.
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Las drogas sintéticas, en particular, se han vuelto más comunes en los últimos cinco años. En 2021, el 36 por ciento de los usuarios de una red gubernamental de centros de tratamiento buscó ayuda por adicción a la metanfetamina, en comparación con 15 por ciento en 2016.
El consumo de metanfetamina está causándole un “daño terrible” al país, afirmó Javier González, comisionado de Atención a las Adicciones y Director del Instituto de Salud Mental del estado de Chihuahua, donde queda Ciudad Juárez. Esa ciudad se ve particularmente afectada por su ubicación en la frontera. Pero el problema es a nivel nacional. Según datos de la red de centros de tratamiento, la metanfetamina superó a la marihuana en 2020 como la droga por la que más personas buscaron ayuda.
La demografía de los consumidores de drogas también está cambiando. Más mujeres están consumiendo, mientras que los jóvenes están teniendo sus primeras experiencias a una edad más temprana. Durante la pandemia, el consumo de drogas ilegales aumentó entre los jóvenes de 15 a 24 años.
Por qué aumenta el consumo de droga ilegal
Los analistas atribuyen el aumento en el consumo de drogas a una decisión tomada hace alrededor de una década por el cártel de Sinaloa, el principal productor de drogas sintéticas de México, de vender su mercancía dentro del país además de traficarla. Eso les funciona como una herramienta de reclutamiento. El bajo precio de las drogas sintéticas, así como su potencia y poder adictivo, hacen que sea especialmente sencillo enganchar a las personas. Según Chávez, una dosis de metanfetamina cuesta ocho pesos (40 centavos de dólar) en Ciudad Juárez. Eso es menos de lo que cuesta una bolsa de papas fritas o una lata de Coca-Cola.
Estados Unidos y México han hecho de la prevención del consumo de drogas una prioridad en los esfuerzos bilaterales. El presidente Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, discutieron este tema cuando se reunieron en Washington el 12 de julio. “Estamos haciendo una transición importante para tratar la adicción como un problema de salud y no como un crimen”, afirmó Gady Zabicky, comisionado nacional contra las adicciones, cuyo organismo forma parte de la Secretaría de Salud del gobierno de México.
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En algunos lugares el cambio ya está en marcha. Un proyecto piloto en Ciudad Juárez envía a los infractores a un tribunal especial que intenta evitar que se les imponga alguna sentencia penal. Los infractores, a menudo hombres jóvenes a los que se les encontraron una pequeña cantidad de drogas, aceptan someterse a un tratamiento a cambio de una sentencia suspendida. Si lo completan, no tendrán antecedentes penales. Jorge Ramírez, el magistrado que dirige el proyecto, afirma que los juzgados de drogas trataron 7000 casos el año pasado. El gobierno federal podría intentar emular el proyecto.
Pero a pesar de esto, hay pocas señales de cambio a nivel nacional. Las campañas gubernamentales son rudimentarias, asegura Rebeca Calzada de México Unido contra la Delincuencia, un centro de investigación, ya que se limitan a sugerir que las drogas equivalen a la muerte y que la gente debería “simplemente decirles que no”. México carece de centros de tratamiento. Los que hay son a menudo deficientes.
El gobierno también está en medio de un embrollo en otra área de la política de drogas: la legalización del cannabis. Legalizarlo corre el “riesgo de normalizar” la droga que para muchas personas representa el primer paso hacia una pendiente resbaladiza, considera Xóchitl Mejía del Tonalli, un centro que trata adictos en la capital. Pero también ayudaría a combatir las ganancias obtenidas por los narcotraficantes.
En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que el cannabis no se debía prohibir. El gobierno ignoró el fallo, por lo que en 2021 la propia corte modificó la ley para permitir que las personas soliciten permisos para usarlo. Este tipo de indecisiones dentro del gobierno no inspira mucha confianza en que México logre acertar con su política de drogas.
