Muy cerca del lugar donde el periodista británico Dom Phillips y el indigenista Bruno Pereira emprendieron su viaje final en la Amazonía brasileña, un grupo de personas pica piedras con martillos bajo un sol abrasador.
Parece una escena de tiempos bíblicos, pero es el Brasil del siglo XXI, en la ciudad de Atalaia do Norte, el punto de partida para aventureros, misioneros, cazadores furtivos y contrabandistas atraídos por el Valle del Javarí, una vasta extensión selvática en la frontera con Perú y Colombia.
Phillips, de 57 años, y Pereira, de 41, regresaban en lancha a Atalaia después de una expedición en la región cuando fueron asesinados el 5 de junio.
Los líderes indígenas aseguran que el crimen fue una venganza de los pescadores ilegales por la lucha de Pereira contra la caza furtiva en tierras nativas.
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Valle del Javarí, la reserva indígena con la mayor concentración de tribus no contactadas
La región se ha visto afectada por un aumento de la pesca, la tala y la minería ilegales y el tráfico de drogas, delitos que, según expertos, están siendo alimentados por la pobreza.
Sentada sobre un bloque de madera sobre la tierra, Carmen Magalhaes da Roxa explica estar partiendo piedras para venderlas a proyectos de construcción por cuatro reales (menos de un dólar) el balde.
“No hay otro trabajo. Si no parto estas rocas, no tendré dinero para pagar la factura de la luz, ni comprar mis medicamentos”, dice Roxa, de 54 años, golpeando junto a media docena de otros “rompe-rocas”, como se les conoce.
“Me rompo los dedos, me lastimo con fragmentos. Pero, ¿qué se le puede hacer?”, pregunta, levantando sus manos magulladas.
Falta de opciones
El 75% de la población vive en la pobreza en Atalaia do Norte, una pintoresca pero deteriorada ciudad ribereña de 20.000 habitantes.
Casi todo en la ciudad se produce localmente o se trae en barco desde Manaos, la capital del estado de Amazonas, en un viaje de ocho días.
Hay pocas maneras de escapar de la pobreza.
Los lugareños dicen que tienen tres opciones de trabajo:
- agricultura
- pesca
- la alcaldía, el mayor empleador del municipio.
Los analistas afirman que la creciente anarquía ha creado una cuarta: el crimen ambiental, respaldado por el dinero de bandas de narcotraficantes que prosperan en la triple frontera.
“Los narcotraficantes se insertan en poblaciones locales empobrecidas, presentando sus redes como una oportunidad”, escribió en un artículo reciente el especialista en seguridad Aiala Colares, de la Universidad Estatal de Pará.
Cóctel violento
La pobreza y la anarquía han resultado ser un cóctel violento en esta zona recóndita.
Los críticos dicen que la débil presencia del Estado, un problema de larga data en la Amazonía, se ha agudizado desde 2019 bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, que ha reducido el peso de los organismos de protección ambiental y de la agencia de asuntos indígenas, FUNAI.
En el Valle del Javarí hubo además un aumento de la violencia. La base de la FUNAI situada junto a la reserva indígena fue objeto de múltiples ataques con armas de fuego en 2019.
El mismo año, el jefe de lucha contra la caza furtiva de la FUNAI en la región fue asesinado en la cercana ciudad de Tabatinga. El crimen sigue sin resolverse.
Justo al otro lado de la frontera, hombres armados atacaron en enero un puesto de la policía peruana, hiriendo a cuatro oficiales y robando un cargamento de armas. La comisaría no ha vuelto a abrir.
Marivonea Moreira de Mello, una madre de cuatro hijos de 45 años que trabaja en la alcaldía de Atalaia, recuerda que hace una década solía dormir con la puerta de su casa abierta. Ahora no se atrevería, dice.
“Nuestros jóvenes se están volviendo adictos a las drogas. Mi propio hijo lo es. Tiene 20 años”, dice. Se alegró cuando el ejército, la marina, la policía y los medios de comunicación mundiales llegaron a Atalaia después de que Phillips y Pereira desaparecieran.
Ahora que casi todos se han ido, le preocupa lo que sucederá.
“Falta policía, falta seguridad, falta de todo”, dice.
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