La tensión sigue escalando en Colombia. El presidente Iván Duque sacó a los militares a las calles de las principales ciudades para controlar manifestaciones y disturbios que estallaron en rechazo a un proyecto de reforma tributaria. Los incidentes ya dejaron 19 muertos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el “uso excesivo de la fuerza”.
Acompañado por el comandante del ejército, Duque anunció el sábado que usará la figura de “asistencia militar” para combatir “a quienes por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad”.
Presionado por las manifestaciones, el presidente retiró la propuesta de reforma tributaria y propuso formular una sin los artículos más controvertidos y agresivos con la clase media. Además, renunció el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. No obstante, el Comité Nacional de Paro, que reúne a sectores disconformes, anunció que seguirá convocando a manifestaciones para exigirle a Duque cambiar el rumbo de sus políticas.
Militarización de la represión
Desde el inicio de las protestas contra la reforma fiscal el 28 de abril, al menos 18 civiles y un policía murieron, según un balance difundido el lunes por la Defensoría del Pueblo. Por su parte, el Ministerio de Defensa informó de 846 heridos, de los cuales 306 civiles.
El viernes, Cali fue la primera ciudad militarizada, en medio de desmanes que se dieron a la par de protestas pacíficas. El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció el despliegue de 700 soldados en la capital del Valle del Cauca (suroeste) para enfrentar “organizaciones criminales” que orquestan los disturbios.En Bogotá y Medellín, los alcaldes de oposición rechazaron la oferta de militarizar sus ciudades. Aún así, soldados patrullan la capital por orden presidencial.
Para los analistas políticos, se trata de un regreso a la política de “mano dura” que lideró el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), mentor político de Duque, durante su lucha contra las guerrillas de izquierda. El fenómeno provocó la alerta de ONS y organismos internacionales.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (suroeste) en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, y mató e hirió a varias personas, según la información recibida”, declaró en Ginebra Marta Hurtado, vocero de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Hurtado lanzó además un llamado a la calma antes de una nueva jornada de manifestaciones, prevista para el miércoles y condenó amenazas a los defensores de derechos humanos. “Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, agregó la vocera.
“Resaltamos también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones”, dijo. Hurtado concluyó que “las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves”.
“Un riesgo terrible”
Sacar a los militares a las calles acarrea “un riesgo terrible”, ya que el ejército está acostumbrado a combatir a sangre y fuego a grupos armados, advirtió el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila. “Es una respuesta excesiva (...) que va a incrementar el número de muertos”, añadió, en diálogo con la agencia de noticias AFP
La militarización se instala mientras la policía está en el ojo del huracán por la manera en que reprime las protestas contra el gobierno. En 2020 la fuerza pública enfrentó con armas de fuego las movilizaciones contra la brutalidad policial y dejó una docena de muertos y más de medio millar de heridos.
Según la ONG Temblores hubo 940 casos de abuso policial en los últimos días y se investiga “la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías”.
Este martes, el vocero del servicio diplomático de la Unión Europea, Peter Stano, se dijo a su vez preocupado por la situación en Colombia y aseguró que “es realmente una prioridad contener la escalada de violencia y evitar el uso desproporcionado de la fuerza”.
En la misma red social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado a esclarecer su participación en ataques que incluyen abusos sexuales.
