Luego de la lucha de organizaciones españolas para que las personas con una enfermedad incurable y que afecta su calidad de vida puedan tener el derecho a morir dignamente, el Parlamento español le dio el visto bueno a la ley que despenaliza la eutanasia y el suicidio asistido.
La aprobación del proyecto en el Cámara de Diputados fue con 202 votos a favor, en su mayoría de los partidos de izquierda, centro y regionalistas, y 141 en contra, por parte de la derecha y la extrema derecha. También hubo dos abstenciones. Esta luz verde por parte del Parlamento convierte a España en el séptimo país del mundo en legalizar estas prácticas, tras Canadá, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Países Bajos y Nueva Zelanda.
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La normativa prevé que toda persona con una “enfermedad grave e incurable” o un padecimiento “crónico e imposibilitante” pueda acceder a la ayuda para morir y así evitar “un sufrimiento intolerable”. La eutanasia se refiere a la práctica donde el personal médico administra al solicitante la sustancia mortal y, en cambio, el suicidio asistido requiere que la persona tome la dosis prescrita.
La ley establece estrictas condiciones: tener la nacionalidad española, ser residente legal y ser “capaz y consciente” a la hora de presentar la solicitud, que debe ser realizada sin presión externa y aplicar nuevamente a los 15 días. Si no se cumplen algunos de estos requisitos los médicos podrá rechazar la petición del paciente.
Otro requerimiento a la hora de dar el visto bueno al solicitante es que no sólo lo haga un médico, sino que tiene que haber la opinión de otro profesional y de una comisión evaluadora. Además, cualquier profesional de la salud puede alegar la objeción de conciencia para negarse a participar en el procedimiento.
Dentro del arco político, los partidos de izquierda fueron los que se mostraron más satisfechos con la sanción de la ley. La ministra de Salud, Carolina Darias, agradeció el trabajo realizado por todos los grupos parlamentarios, destacando la “importancia” de esta aprobación porque se avanza en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y hacia una “sociedad más humana y más justa”.
“Hoy somos un país más humano, más justo y más libre. (...) Gracias a todas las personas que han peleado incansablemente para que el derecho a morir dignamente fuera reconocido en España”, festejó el presidente Pedro Sánchez en Twitter.
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La legislación es rechazada por la Iglesia católica y por los partidos de derecha. Mientras tanto, su aplicación genera interrogantes en algunos sectores médicos, que afirman que salvar a toda costa a un paciente se encuentra en su estatuto. La eutanasia “es siempre una forma de homicidio, pues implica que un hombre da muerte a otro”, indicó en un comunicado la Conferencia Episcopal Española (CEE).
“Empujar a la eutanasia” a las personas “más vulnerables (...) es un vergonzoso acto de abandono social que encubre una negación a la mejor asistencia sociosanitaria”, lanzó en la Cámara Baja el diputado del Partido Popular, José Ignacio Echániz. El partido Vox, de extrema derecha, anunció que apelará la ley ante el Tribunal Constitucional.
La legislación fue aplaudida por organizaciones que defienden el derecho a morir dignamente, que mantuvieron una lucha de décadas, durante las cuales sonados casos visibilizaron la problemática. El más emblemático, el de Ramón Sampedro, un gallego tetrapléjico que pasó 29 años reclamando el derecho a un suicidio asistido.
La película sobre su historia, “Mar adentro”, dirigida por el hispanochileno Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem, ganó un Óscar en 2005.
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El caso de Sampedro es conocido por haber llegado a las grandes pantallas, pero así como él, cientos de españoles con enfermedades incurables reclamaron por el derecho a elegir el día de su muerte a lo largo de los años. A partir de ahora, aquellas personas que lo necesiten tendrán la opción de acceder a las prácticas, que dividen a la opinión pública por tratarse de unos de los temas más sensibles para la sociedad.
