Victoria Martínez sigue firmando los documentos oficiales con el nombre que ella, su pareja y sus dos hijas dejaron atrás hace cuatro años. Si no hay sorpresas, espera que el gobierno español la reconozca como Victoria en mayo, cerrando un capítulo familiar para muchas personas trans en todo el mundo.
Cambiar su identidad legal en una oficina del registro civil en Barcelona le permitirá actualizar su pasaporte y su permiso de conducir, y tener una tarjeta sanitaria que acredite correctamente que es una mujer. Pero el proceso, que se alargó por la pandemia del coronavirus, fue, en sus propias palabras, “humillante’' al exigir un diagnóstico psiquiátrico, informes de tres doctores y la aprobación de un tribunal.
``¿Acaso quería yo llegar al nivel de estigmatización de que me dijesen que estoy loca? ¿Quería pedir voluntariamente un informe psiquiátrico que lo ratifica? ¿Qué un juez me apruebe el cambio de nombre para decir que soy quien yo ya soy?``, recuerda haberse preguntado Martínez, de 44 años. “Ha sido agotador a nivel emocional’'.
Una nueva ley propuesta por Unidas Podemos, el partido de izquierda de la coalición gobernante en España, facilitaría que los residentes cambiasen de género con fines oficiales. El texto patrocinado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, busca que la autodeterminación de género sin necesidad de diagnóstico, tratamiento médico ni la intervención de juez, sea la norma y pueda solicitarse a partir de los 16 años. Cerca de 20 países, ocho de ellos en la Unión Europea, tienen ya leyes similares.
Facciones de la Iglesia Católica y de la extrema derecha centraron su oposición al proyecto de ley en el hecho de que también permitiría que menores de 16 años eludiesen las objeciones de sus padres y buscasen la ayuda de un juez para acceder al tratamiento para la disforia de género, el término médico para la angustia psicológica causada por el conflicto entre la identidad de una persona y el sexo asignado al nacer.
Menos esperada fue la feroz oposición de algunas feministas y de miembros del gobierno encabezado por el Partido Socialista.
``Me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”, manifestó la vicepresidenta Carmen Calvo, una veterana socialista y defensora de los derechos de las mujeres, la semana pasada.
Quienes se oponen al texto alegan que permitir que la gente elija su género acabará “borrando’' a las mujeres de la esfera pública: si cada vez más españoles registrados como hombres al nacer pasasen a ser mujeres, sostienen, modificarían las estadísticas nacionales y crearían más competencia entre las mujeres en todos los aspectos, desde puestos de trabajo a trofeos deportivos.
La división en España refleja un debate entre una rama de teóricas feministas y movimientos por los derechos LGBTQ en todo el mundo. De un lado, activistas calificadas a menudo peyorativamente como TERFs (el acrónimo en inglés para feminista radical transexcluyente) sostienen que el avance de los derechos de las personas trans podría socavar los esfuerzos para erradicar el sexismo y la misoginia al negar la existencia de sexos biológicos.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) dice que si se aprueba tal y como está redactada ahora, la ley ayudaría a terminar con la discriminación contra las personas transexuales y situaría a España en la vanguardia europea de la protección de los derechos LGBTQ.
El proyecto de ley de Montero provocó también un inusual revuelo en internet, donde los críticos muestran su alarma por las provisiones para asignar baños públicos y prisiones de acuerdo con el “género registrado’'. Confluencia Feminista, una alianza de docenas de organizaciones para los derechos de las mujeres, también se mostró contraria a introducir cambios en la legislación vigente.
La preocupación de Alexandra Paniagua, una de las activistas de la nueva plataforma, gira en torno a la idea de que al eliminar la opinión de médicos y jueces, los tratamientos hormonales y las operaciones de resignación de género, ambas subvencionadas por el estado, serían más accesibles “promoviendo’', en última instancia, más disforia entre los jóvenes.
Según Paniagua, más gente tendría un acceso más fácil a un ``tratamiento invasivo, sobre todo niñas huyendo del sexismo’'.
Fuente: AP
