El Gobierno de España reformará la actual ley de interrupción del embarazo para que las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder al aborto sin contar con el permiso de sus padres. La modificación incluirá, además, el derecho a las “formas más novedosas” de anticoncepción y la promoción de la educación sexual y reproductiva. El objetivo es que todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
Todas las miradas se centraron este miércoles en la presentación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la Comisión de Igualdad de Diputados. Allí, pronunció un encendido discurso y les habló directamente a las legisladoras del partido de extrema derecha Vox, que se oponen a las iniciativas del Ejecutivo. El video sobre la pregunta “¿qué es ser mujer” dio la vuelta al mundo.
“Para una persona feminista, ser mujer significa más riesgo de pobreza, exclusión social, sufrir violencias, cobrar menos por el mismo trabajo, asumir todos los cuidados, no poder desarrollar plenamente sus proyectos vitales porque tiene que dedicarse a otras tareas de las que los hombres no se hacen cargo, desgraciadamente en igualdad de condiciones”, enumeró Montero.
Ante los gestos de indignación de la diputada opositora Lourdes Méndez, la ministra dio una potente explicación sobre el rol de los feminismos en el camino hacia la equidad de género: “Ser feminista es saber que una sociedad feminista es una sociedad mejor para las mujeres y también para los hombres".
Además, habló de las brechas económicas y distributivas y cuestionó que haya más mujeres que hombres en riesgo de pobreza y exclusión social.
Finalmente, dio cuenta de la “realidad cotidiana de las mujeres” en España y en el mundo: ”Ser mujer es saber que tienes más riesgo de sufrir violencias, más riesgo de pobreza, que te va a costar el triple demostrar tu valía, que vas a cobrar menos por el mismo trabajo. Eso es ser mujer para la mayoría de las mujeres, no para mí ni para este gobierno, para la mayoría de las mujeres. La pregunta es qué es para ustedes ser mujer, si niegan todas estas discriminaciones".
España y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos
El Ejecutivo español de coalición de izquierdas que preside el socialista Pedro Sánchez derogará la reforma introducida por el Gobierno conservador del Partido Popular (PP) en 2015, que estableció la obligatoriedad del consentimiento paterno en el caso de las chicas de entre 16 y 18 años que quisieran interrumpir su embarazo.
Montero, que pertenece a la agrupación de izquierda Podemos, anunció que se dará un peso central a la educación sexual como una herramienta que permita vivir vidas libres de violencias.
La primera ley del aborto en España data del año 1985 y fue aprobada por el Partido Socialista. Hasta entonces la interrupción del embarazo había sido ilegal en el país.
En esa ocasión se despenalizó en tres supuestos: en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre.
El debate sobre la regulación del aborto resurgió a finales de 2007, después de que se conocieran casos de interrupciones de embarazos muy avanzados practicados en clínicas privadas de Barcelona y Madrid.
El Gobierno socialista elaboró un nuevo texto y el 24 de febrero de 2010 el Senado aprobó definitivamente la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta normativa estableció el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, siempre que, en este último caso, haya un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
En 2015 el grupo parlamentario popular presentó una proposición de ley, aprobada poco después, según la cual las menores de 16 y 17 años que quieran abortar necesitarán el consentimiento de sus progenitores o tutores y si no lo obtienen tendrán que acudir a la vía judicial. Este último aspecto es el que ahora se quiere eliminar.
