En el caso Vicentin, el Gobierno nacional está dejando la iniciativa a cargo del juez del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini. Ya no habla de expropiación por decreto ni tampoco se presentó el proyecto de ley anunciado hace ya tres semanas, en la primera conferencia de prensa sobre el tema. Pero, de la mano del gobernador santafesino Omar Perotti, se siguen buscando alternativas para desplazar a los dueños del grupo empresario y reconfigurar la operatoria con control del Estado. Incluso, desde el Banco Nación se analiza recusar a Lorenzini, porque trabajó como abogado de la entidad entre 1999 y 2018 y actuó en asunto relacionados con Vicentin antes de su función actual.
Todo ese cuadro de situación implica que el oficialismo sigue actuando en líneas similares a los objetivos originales, pero sin confrontación directa ni exposición mediática, una táctica que también adoptó en los últimos días la familia Vicentin.
En ese marco, hay varios datos salientes a tener en cuenta. El de mayor profundidad institucional es que se diluyó, momentáneamente, el conflicto de poderes, que escaló a su punto más alto cuando durante la mañana del sábado 20 de junio el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo: “Si el juez no acepta la intervención, el único camino que queda es la expropiación”.
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Horas después hubo manifestaciones masivas en muchos lugares del país, tanto en Avellaneda, la ciudad del norte santafesino donde nació Vicentin hace 90 años, como en otras provincias y hasta en el Obelisco.
Y el magistrado civil y comercial, que un día antes había decidido reestablecer a los directivos de los accionistas en el control de la empresa, relegando a los interventores designados por el Gobierno a un rol de veedores, el último miércoles hizo otra sorprendente jugada procesal. Ante el pedido del Gobierno de que la empresa quede en manos de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, abrió un expediente aparte sobre ese punto, con lo cual evitó interferencias en el trámite concursal a su cargo.
Esperar hasta agosto
Hasta en el Gobierno reconocen el impacto de la decisión de Lorenzini, que disipó el espadeo judicial mediático cotidiano y estableció como fecha importante a la vista el mes de agosto, cuando se terminaría de clarificar el estado de situación de la deuda de Vicentin, estimada en 100.000 millones de pesos. Resta determinar en detalle el monto que se le debe a cada acreedor.
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Entonces, pareciera que la presión social de la gente, la firmeza del juez y la posición que adoptaron algunos dirigentes ligados al oficialismo a favor de calmar las aguas, habrían frenado el ímpetu expropiador que marcaba el paso del Gobierno hasta hace algunos días.
Sin embargo, continúa incesante la articulación política para volver a generar un ambiente propicio al control del Estado sobre la empresa concursada. En rigor, la que prima por estas horas es una variante moderada, como sería ejercer esa potestad a través de YPF, un ente público con perfil de gestión privada. En ese marco, Gabriel Delgado, el respetado economista del INTA y exsecretario de Agricultura de la Nación –entre 2013 y 2015- sigue en carrera como referente del presidente para conducir los destinos de Vicentin.
Alberto Fernández, Perotti y Delgado apuntan a un sentido más amplio, y más ambicioso, de desarrollo bioindustrial, en un armado político en el que también está moviéndose Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Massa tiene un plan con el que aspira a triplicar las exportaciones granarias argentinas para que superen los US$ 100.000 millones. Hoy oscilan alrededor de US$ 40.000 millones. Y comparados con los 1.350 millones de la deuda de Vicentin suena auspicioso.
Presión permanente
Con todo, la presión K sobre Vicentin se muestra calma pero no se diluyó. El proyecto de comisión bicameral para investigar los créditos del Banco Nación a Vicentin – sólo en las cuatro años en los que no gobernó el oficialismo actual, a pesar de que esa línea financiera tiene décadas de vigencia- obtuvo media sanción en el Senado de la Nación y pronto se trataría en Diputados.
A su vez, el Banco Nación pidió ser querellante en la causa por créditos a la agroexportadora concursada –también acotado al período 2015-2019- que se tramita en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini. Y el presidente del Nación, Eduardo Hecker es uno de los funcionarios que analiza pedir un recusamiento a Lorenzini.
En la misma línea, el abogado constitucionalista santafesino Domingo Rondina, opinó este lunes en redes sociales que “técnicamente correspondía que Lorenzini se excuse cuando recayó en su juzgado el concurso de Vicentin. Tuvo una segunda oportunidad cuando Banco Nación se presentó como acreedor. Ahora solamente queda la recusación, y puede quedar sometido a Jurado de Enjuiciamiento...”
Evidentemente, las aguas parecen calmas, pero en forma subyacente el río sigue revuelto.
