Puerto Rico pidió acogarse a la ley de protección por bancarrota de Estados Unidos para reestructurar una deuda de 72 000 millones de dólares. Para ello deberá afrontar un duro escollo. Un grupo de fondos ya iniciaron planteos judiciales en tribunales de Nueva York contra ese distrito. Entre los acreedores se encuentra un viejo conocido de Argentina: Aurelius.
La isla, que tiene rango de estado libre asociado (se autogobierna, pero tiene rango similar al de los Estados de la Unión en el país de América del Norte), afronta una grave crisis financiera desde hace años. En 2014 había conseguido refinanciar su multimillonaria deuda. Pero el lunes inclumplió un vencimiento por 800 millones de dólares y hoy solicitó el proceso de quiebra.
"Ante la realidad del calendario y la eliminación de la moratoria (...) tomé la decisión de solicitar a la Junta (de Control Fiscal) que Puerto Rico se acoja a la protección del Título III para poder trabajar en un plan estructurado de lo que sería el pago de la deuda bajo los parámetros del plan fiscal", dijo el gobernador de la isla, Ricardo Roselló, en conferencia de prensa.
Se refería al Título III de la ley conocida como Promesa. La norma estableció una junta de control fiscal para manejar la crisis financiera de la isla y establece la quiebra como un recurso para reestructurar deuda en caso de que el gobierno y sus acreedores no logren acuerdos.
Rosselló afirmó que de esta forma se asegura la prestación de los servicios esenciales al pueblo.
Esta acción se produce un día después de que varios tenedores de bonos rechazaron una propuesta del gobierno de Puerto Rico de pagar el 50% de su valor original y optaron por acudir a los tribunales federales en San Juan y Nueva York para reclamar la totalidad del dinero.
El primer grupo de fondos en visitar las cortes de Nueva York está compuesto por acreedores con bonos por 1400 millones de dólares. Entre ellos sobresale Aurelius Capital.
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Aurelius es uno de los fondos butre más importantes que litigó con Argentina hasta el año pasado. Su líder, Mark Brodsky, fue caracterizado por negociadores argentinos como un verdadero cowboy, incluso más intransigente que Paul Singer, el dueño de Elliot, que administra el fondo NML Capital que encabezó el proceso contra el país durante más de una década. Brodsky es un abogado que antes trabajaba en Elliot.
Años atrás, cuando Puerto Rico sancionó su ley Promesa, los fondos buitre encabezaron poderosas campañas de lobby contra esa norma. Apelaron a sus contactos en los partidos políticos estadounidenses para quitar respaldo al texto. La posibilidad de iniciar un procedimiento de bancarrota implica abrir negociaciones con acreedores sin cortar servicios básicos, como educación, salud, seguridad y administración pública.
La nueva demanda contra Puerto Rico busca garantizar que la isla utilice el dinero de sus impuestos para pagar la deuda antes que otras obligaciones. Tiene, en ese sentido, cierta similitud con la orden que dictó el juez de Nueva York Thomas Griesa, y que luego ratificaron el resto de las instancias judiciales. Griesa había dictaminado que Argentina no podía pagar deuda reestructurada antes de saldar el juicio a los fondos buitre, por lo que el país entró en default.
El litigio principal entre Argentina y los fondos buitre se cerró en abril del año pasado, cuando el gobierno pagó más de 15 000 millones a distintos acreedores. Todavía queda un grupo menor de bonistas que reclamaron a Griesa llegar a una solución, y el magistrado convocó la semana pasada al mediador, Daniel Pollack, y a funcionarios Argentinos para alcanzar un acuerdo.
