LaCámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió hoy la aplicación de una parte de la Ley de Mercado de Capitales impulsada por el Gobierno en el año 2012, que autoriza la imposición de veedores públicos en empresas privadas.
Los camaristas Jorge Morán, Marcelo Duffy y Rogelio Vicenti, de la Sala IV, suscribieron el fallo que suspendió el "artículo 20 inciso a, segunda parte, apartados I y II de la ley 26.831", por los cuales la Comisión Nacional de Valores podía intervenir en decisiones de las compañías.
El artículo ahora suspendido permitía "designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad, cuyas disposiciones serán recurribles en única instancia ante el presidente de la Comisión".
Y también autorizaba "separar a los órganos de administración de la entidad por un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hasta regularizar las deficiencias encontradas. Esta última medida será recurrible en única instancia ante el Ministro de Economía y Finanzas Públicas".
El inciso a) de la Ley, que se insertó de modo sorpresivo en el recinto de la Cámara Diputados, texto que el 29 de noviembre de 2012 fue convalidado por el Senado, ignoró a la Justicia y señala que las empresas podrán recurrir como instancia de revisión al propio titular de la CNV o al ministro de Economía.
Según el tribunal, esas atribuciones, que la Ley le otorgó a la CNV, "podrían implicar una indebida delegación de facultades que hace a la esencia de la función judicial por parte del Congreso en el Poder Ejecutivo".
El artículo 20) inciso a) de la Ley de Regulación del Mercado de Capitales introdujo entre las facultades de la CNV ambas figuras, tras un simple pedido de las minorías ante el propio organismo, por supuestas irregularidades y sin sumario previo.
Hoy, el Estado es de modo directo o a través de la ANSeS accionista de unas 40 compañías (Acindar, Grupo Clarín, Banco Macro, Gas Natural, Consultatio, Molinos, etc.) y por este camino estaría en condiciones de ser denunciante y a la vez de manejar las empresas desde posiciones minoritarias.
En la práctica, la CNV puede tener la facultad de intervenir las empresas y esta situación generó no sólo la preocupación del mundo empresario por las presiones que el Estado pudiera ejercer, sino también la sensación de que después de esa Ley iba a ser difícil que nuevas compañías se interesen en sumarse al mercado de capitales.
El agregado en Diputados determinó que, ante las denuncias de las minorías, la CNV podrá "solicitar informes y documentos, realizar investigaciones e inspecciones" y según la gravedad del "perjuicio que determine" designar veedores con facultad de veto y separar a los Órganos de Administración de la entidad en cuestión por un plazo máximo de 180 días.
La Ley fue reglamentada en dos partes entre octubre y noviembre de 2013 y fueron numerosas las entidades empresarias que resistieron la injerencia del Estado y sugirieron acudir a la Justicia para objetar inconstitucionalidades de varios de sus artículos.
Ahora, la Sala IV dictó la medida cautelar al hacer lugar a un recurso de amparo que había planteado la empresa Papel Prensa y otras y aclaró que regirá hasta tanto "se dicte sentencia definitiva o por un plazo máximo de seis meses, lo que ocurra primero".
En el año 2013, Daniel Reposo, titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), pidió a la Comisión Nacional de Valores que designe veedores en la papelera y desplace a todos los integrantes de los órganos societarios de la administración, invocando el artículo 20 ahora suspendido.
