La reforma previsional que el oficialismo y los diputados que responden a los gobernadores intentarán convertir hoy en ley tiene efectos en los bolsillos de unas 15 millones de personas, entre jubilados y beneficiarios de asignaciones por hijo y familiares. También impactará en las arcas provinciales, ya que está atada al pacto fiscal que suscribieron los distritos. Y, por supuesto, en el erario público nacional, con un "ahorro" del gasto de entre 64.000 y 70.000 millones de pesos durante todo 2018.
Los siguientes datos ayudan a clarificar el panorama.
1) Quince millones de personas
La reforma previsional afectará de manera directa a unas 15 millones de personas: 6,9 millones de jubilados y pensionados, 4 millones de beneficiarios de la AUH y la asignación por embarazo y otros 3,9 millones de trabajadores que cobran asignaciones familiares. Todos esos desembolsos se rigen por la ley de movilidad.
2) El cambio de fórmula
El punto central de la reforma previsional es el nuevo cálculo de la movilidad. La fórmula actual combina en partes iguales recaudación e índice de salarios. La ley fija aumentos semestrales. La nueva norma definirá aumentos en base a la evolución de la inflación (70 por ciento) y los salarios (30 por ciento), que se otorgarán cada tres meses.
El problema está en el "empalme". La nueva fórmula postergará el aumento correspondiente al trimestre octubre - diciembre hasta junio. Con la ley actual, esa actualización estaba prevista para marzo, junto con la del trimestre junio - septiembre.
La nueva fórmula es más estable, ya que, al acompañar a la inflación, garantiza el poder adquisitivo de los beneficiarios. El cálculo actual elude la inflación por obvias razones: no había un Índice de Precios al Consumidor (IPC) confiable. Pero, al seguir a la recaudación, su aumento será mayor al de los precios, en un periodo de crecimiento de los ingresos. Por eso, el aumento previsto con la nueva fórmula es menor al que correspondería con el cálculo vigente.
3) Los ingresos
Así, una jubilación mínima perdería más de 4200 pesos en 2018, por el cambio de fórmula y la falta de empalme. Una jubilación media, de 10.700 pesos, tendría un perjuicio superior a los 6200 pesos. La AUH subiría 790 pesos menos por el cambio en el cálculo.
4) El 82 por ciento móvil
La jubilación mínima tiene un asterisco: el proyecto garantiza el 82% móvil al jubilado que gane la mínima y tenga 30 años de aportes. Según dejó trascender el Gobierno el fin de semana, estos jubilados tendrían un aumento cada vez que se actualice el Salario Mínimo Vital y Móvil y ya no se regirían por la movilidad jubilatoria.
Como el SMV subirá en enero a $ 9500, el haber para este grupo de adultos mayores aumentaría a partir de ese mes 543 pesos. Pasaría de $ 7246 a $ 7789. Y volvería a subir en julio, cuando la mínima llegue a $ 10.000. Se iría ese mes a $ 8200.
5) El bono
Después de la fallida sesión de Diputados del jueves pasado, el Gobierno anticipó que pagará un bono por única vez a jubilados y pensionados con haberes de hasta 10.000 pesos y a beneficiarios de la AUH y de asignaciones por discapacidad.
Los jubilados que perciban hasta 10.000 pesos mensuales a marzo (unos 9500 actuales) y cuenten con treinta años de aporte cobrarán ese mes 750 pesos.
Los jubilados con ese ingreso que no completen los treinta años de aportes -es decir, que se hayan jubilado con alguna moratoria- cobrarán 375 pesos por única vez, al igual que quienes perciban asignaciones por discapacidad.
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Los beneficiarios de la AUH cobrarán 400 pesos adicionales en marzo, también por única vez.
Al ser un bono, tendrá carácter no remunerativo. Es decir, no se computará para calcular el aguinaldo -en el caso de los jubilados y pensionados- ni para establecer futuros aumentos.
6) Los que "ganan"
Los jubilados con haberes mínimos y treinta años de aportes saldrán ganando, ya que la jubilación ajustará en enero ($ 543) y en julio ($ 411) y, además recibirán los 750 pesos adicionales en marzo. Al final del año tendrán más ingresos que con la fórmula actual. Queda saber cuánto se actualizará la mínima en la segunda mitad del año, ya que dependerá del aumento del salario mínimo que definan el Gobierno, los gremios y las cámaras empresarias en el Consejo del Salario. Según los cálculos oficiales, hay 1,5 millón de jubilados en este grupo.
7) Los que "pierden"
Los jubilados que perciben hasta 10.000 pesos e ingresaron al régimen previsional por alguna moratoria tendrán un bono compensador de 375 pesos, pero perderían entre 4200 y 6000 pesos el año entrante por el cambio de fórmula.
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Según la economista Mercedes D'Alessandro, el 86% de los jubilados que accedieron a las moratorias fueron mujeres, generalmente amas de casa o empleadas domésticas precarizadas.
Los beneficiarios de AUH cobrarán 400 pesos extra, aunque sus aumentos se resentirán en casi 800 pesos anuales por el cambio en el cálculo.
Las asignaciones familiares no tendrán bono compensador y se actualizarán durante todo el año que viene entre 3 y 4 puntos porcentuales menos que con la fórmula actual.
Los jubilados con haberes superiores a los 10.000 pesos no tendrán compensación. El cambio de fórmula les representará el año próximo una actualización menor en sus haberes. La diferencia puede equivaler a medio aguinaldo.
8) El debate de fondo
El Gobierno repite que el sistema previsional actual es insostenible. La ANSES es deficitaria. Según la consultora Economía & Regiones, la cantidad de jubilados se duplicó durante los gobiernos kirchneristas, por las sucesivas moratorias previsionales. Esas moratorias dieron la posibilidad de jubilarse a personas que no reunían aportes. En la actualidad, casi el 100 por ciento de las personas en edad de jubilarse está incluida en el régimen previsional.
Así, hay 1,7 trabajadores registrados activos por cada jubilado o pensionado. Los especialistas aconsejan en que debe haber entre tres y cuatro trabajadores aportantes por jubilado para que el sistema sea sostenible.
Ese déficit se profundizó con la Reparación Histórica que impulsó el Gobierno el año pasado, para pagar juicios y actualizar jubilaciones. Según E&R, "el sistema previsional argentino está quebrado y genera un déficit fiscal de 3% del PBI anual, lo cual explica alrededor del 42% del déficit financiero (con todos los intereses) del Sector Público Nacional (SPN) que asciende a 7% del producto. Es más, el aumento del pago de jubilaciones es el principal motor (no el único) del aumento del gasto público y del déficit fiscal del SPN. De hecho, el gasto en jubilaciones (10,2% PBI) actualmente casi supera la suma del gasto en educación (5,6%) y salud (6%) de las tres esferas".
Para incentivar ese cambio, el proyecto de reforma previsional da al trabajador la posibilidad de seguir con sus tareas hasta los 70 años sin que la empresa pueda obligarlo a jubilarse.
Pero los cambios de fondo deben debatirse en el Congreso: la ley de Blanqueo y Reparación Histórica del año pasado incluyó la constitución de una comisión que debe proponer una nueva ley previsional el año próximo.
9) El cambio urgente
Pero la velocidad que le imprime al Gobierno a los cambios en jubilaciones y asignaciones no se condice con el debate de fondo, sino con las necesidades actuales.
La reforma previsional se mueve en sintonía con el pacto fiscal, que firmaron la administración central y 23 provincias (todas menos San Luis). Entre otras cuestiones, los distritos levantan los juicios contra la Nación y Buenos Aires recibe unos 40.000 millones de pesos que reclamaba por el congelamiento del Fondo del Conurbano. A cambio, se modifica la estructura de caja de la ANSES: dejará de financiarse con el impuesto a las Ganancias y pasará a fondearse con el impuesto al Cheque. Sin embargo, la reforma tributaria -que también se discute en el Congreso- plantea la eliminación del impuesto al Cheque hacia 2022.
La consultora Eco Go y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) calcularon que la reforma previsional generará un "ahorro" al Estado de entre 68.000 millones y 72.000 millones de pesos, que le permitirá cumplir con la meta de déficit fiscal del 3,2% del PBI.
El pago del bono compensador, en tanto, supondrá un gasto "extra" de 4000 millones de pesos.
La reforma tributaria también plantea reducir las contribuciones patronales, que financian a la ANSES. Habrá un mínimo no imponible equivalente a un salario mínimo y de aplicación progresiva. "La reducción a la mitad de las contribuciones patronales, sumado a la anunciada derogación del impuesto sobre créditos y débitos bancarios (cheque) y la eliminación de la transferencia del 15% de la coparticipación (Ganancias) podrían determinar nuevos problemas financieros para la ANSES", alertaron los investigadores Oscar Cetrángolo y Julián Folgar en la web Nuevos Papeles.
El Congreso también debe definir la suerte del blanqueo laboral que impulsa el Gobierno. La formalización del 35 por ciento de trabajadores que trabaja en negro supondría el ingreso de nuevos aportantes al sistema de aportes y contribuciones que financia a la ANSES. Pero ese registro tiene, para las empresas, costo cero: es decir, sumará futuros jubilados sin años de aportes, por los que el sector privado no pagará ninguna penalidad.
Eso, en momentos en que el Estado distingue entre aportantes "plenos" y beneficiarios de moratorias. Estos últimos verán restringido su derecho a la jubilación si no reúnen los treinta años de aportes. En cambio, accederán a una Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima. Son, en la actualidad, menos de 5800 pesos.
