La exención del pago de impuesto a las Ganancias que mantiene la mayoría de los jueces y funcionarios del Poder Judicial nacional y provincial privará al Estado de recaudar por ese tributo unos $26.700 millones durante 2020, de acuerdo a datos del proyecto de Presupuesto. Esta suma supera a las partidas destinadas por la iniciativa a gastos de capital en las áreas de vivienda, agua potable y educación.
Los empleados del Poder Judicial comenzaron a ser objeto de Ganancias con una ley sancionada en 2016, pero que solo impactó en aquellos ingresos de personal a partir de 2017, por lo que la gran mayoría de los magistrados y trabajadores judiciales se mantienen exentos de ese descuento sobre sus salarios.
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En el proyecto presupuestario enviado al Congreso este lunes, el Ministerio de Hacienda explicó, en un apartado, qué costo tendrá para el fisco el hecho de que jueces y funcionarios judiciales no paguen Ganancias. Para 2020 esa cifra será de $26.697,8 millones. En comparación con el año anterior representará un 22,2% más. A comienzos de este año, las escalas del impuesto se actualizaron un 28%.
Ese monto que no ingresará a las arcas del Tesoro es bajo en relación con algunas partidas presupuestarias como el gasto social (3,4 billones de pesos) o los subsidios a las tarifas de energía y al transporte ($397.000 millones), pero cobra mayor relevancia al cotejarlo con los fondos destinados por el proyecto de ley a gastos de capital, principalmente a infraestructura.
Para vivienda, por ejemplo, el Presupuesto estima un gasto de $18.175 millones. Este rubro tiene, en las planillas difundidas oficialmente, un recorte de $2600 millones (-12,8% en términos nominales). Pero considerando la inflación estimada para 2020 -de 43,1% en promedio a lo largo del año-, la caída sería entonces cercano al 56%.
Por su parte, los gastos de capital para educación tendrán un aumento nominal de 7,2%. De todas formas, con la suba de precios proyectada los fondos presupuestados tendrían un ajuste de casi 36%. En este ítem el gasto previsto es de $12.079 millones, menos de la mitad que el saldo que dejará de recaudar el fisco por la exención de Ganancias del Poder Judicial. El dinero destinado a agua potable y alcantarillado, en tanto, sería en 2020 de $22.428 millones.
Otras partidas del gasto que sufren recortes en el Presupuesto y que son menores al costo fiscal de la inmunidad de jueces y empleados judiciales a Ganancias son las de transferencias corrientes a provincias, que son aquellos envíos que los gobernadores destinan a gastos corrientes -por ejemplo, el pago de sueldos-. Para salud habrá $15.187 millones y para cajas jubilatorias provinciales $22.000 millones.
Los $27.700 millones que no ingresarán a AFIP por la exención de Ganancias del Poder Judicial servirían, por ejemplo, para evitar el recorte en términos reales de la partida de gasto "otros programas", que incluye las becas Progresar, Argentina Trabaja, Proyectos Productivos Comunitarios e Incluir Salud, entre otros. El Presupuesto 2020 aumenta estos fondos un 19,2%. Con inflación incluida, implicaría una poda de 24%.
Ahora bien, si el fisco recaudara ese tributo de los salarios de jueces y empleados judiciales y lo destinara a ese rubro del gasto social, la partida total terminaría siendo de $147.700 millones, por lo que la actualización de "otros programas" en el Presupuesto sería de 45%. Así, mantendría su valor frente a la inflación.
En términos generales, todo el sistema de exenciones impositivas del Presupuesto -lo que se conoce como el gasto tributario- tendrán un costo de $753.000 millones, entre excepciones al cobro de determinado tributo a alguna actividad o producto o regímenes de promoción económica, como el fomento a determinados sectores productivos.
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La mayor parte provendrá del IVA, que tiene exenciones para prestaciones médicas a obras sociales, servicios educativos, medicamentos, libros y diarios y revistas y alícuotas reducidas para la construcción de viviendas, carnes, frutas, medicina prepaga y panadería, entre otros.
El costo de llevar a 0% el IVA para los alimentos, tal como anunció el Gobierno y que se mantendrá hasta fin de año, será de $16.380 millones. De esta manera, un cálculo simple llega a la conclusión de que los $26.700 millones que no paga el Poder Judicial podrían cubrir al menos otros tres meses de alimentos sin IVA en su precio final.
