El viernes es un día clave para la obra pública, motor de la economía del Gobierno. El Ministerio de Transporte abrirá los sobres de la primera gran licitación bajo el esquema de Participación Público Privada (PPP), la alternativa que encontró el Ejecutivo para dinamizar la construcción sin inflar más el Presupuesto. Los proyectos: seis corredores viales; unos 2500 kilómetros de rutas y autopistas valuados en 6000 millones de dólares. Para asegurarse el éxito de la compulsa, la administración de Mauricio Macri modificó las reglas de juego, con nuevos beneficios para que los consorcios empresarios inviertan en el país.
El viernes pasado, un decreto que el Gobierno había anticipado a los constructores vio la luz. Las empresas que participen de la licitación de autopistas (grandes compañías del país y algunas del exterior, según trascendió) tendrán dos nuevas "zanahorias": la obra no pagará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y podrán demandar al país en tribunales del extranjero ante cualquier diferendo que surja del contrato.
El decreto 300, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, elimina "la obligación de pagar el Impuesto al Valor Agregado" para quienes participen de los proyectos PPP que se licitarán el viernes.
Se trata de un reclamo que los constructores locales repetían ante cuanto funcionario los recibiera. Las condiciones para licitar obligaban a los inversores a pagar el IVA por adelantado de una obra cuya ejecución durará años. Eso encarecía las ofertas.
El Estado pagará las obras PPP con bonos semestrales en dólares. Con la nueva resolución, los intereses que conlleven esos títulos públicos no tributarán IVA.
El segundo beneficio está destinado a los inversores extranjeros. El decreto 299 incluyó el "arbitraje con prórroga de jurisdicción como mecanismo de solución de controversias".
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Dicho de otra forma: las empresas podrán recurrir a los tribunales de Nueva York, o al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, o a cualquier otro juez de un Estado "que sea parte de la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras". Esta potestad reduciría el famoso "riesgo local" a los inversores del exterior, que confían más en los tribunales internacionales que en los jueces locales.
Con ambas medidas, el Gobierno intenta bajar los costos de la licitación del viernes. Ese día, Vialidad recibirá las ofertas para construir 810 kilómetros de autopistas, otros 1494 kilómetros de rutas seguras (con banquinas y otros elementos) y otros 252 kilómetros de rutas especiales. Son caminos de zonas agropecuarias: la autopista Rosario - Córdoba, la autovía Ezeiza - Cañuelas, la rutas 3 y 205, los puentes Paraná - Santa Fe y Chaco Corrientes, entre otros. Es parte del proyecto de Red de Autopistas y Rutas Seguras, que planea la modernización en etapas de unos 8000 kilómetros de pavimento.
Según supo TN.com.ar de fuentes empresarias, los grandes grupos locales participarán de la compulsa: Allí estarán Helport, la constructora de Eduardo Eurnekian, el grupo Roggio y Sacde, la firma que Marcelo Mindlin le compró al primo de Macri, Angelo Calcaterra, el año pasado.
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El Gobierno asegura que también se presentarán grandes grupos extranjeros. Algunos llegarán con socios locales, en participaciones minoritarias. Otros, espera el Ejecutivo, encabezarán consorcios. Los grupos españoles Abertis y Dycasa son algunos de los que se interesaron por la licitación.
Los constructores, de todos modos, ya advirtieron al Gobierno que las licitaciones serán mucho más caras de lo que piensa el Ejecutivo. Sucede que se trata de proyectos "llave en mano", en los que los empresarios deben conseguir el financiamiento, contratar los seguros, asegurarse el material y atender otros detalles, algo que en las licitaciones tradicionales, con fondos públicos, suele atender el Estado. Como consignó TN.com.ar hace un mes, eso encarecería los paquetes hasta el doble de lo previsto.
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El Gobierno está al tanto, pero confía en que las licitaciones lograrán reducir el costo de las obras hasta un 20 por ciento. Todo depende de cómo se compute: al despejar el costo financiero y calcular eventuales beneficios hacia 15 años -ya que el mantenimiento estará a cargo de quien gane la obra- en el Ministerio de Transporte sostienen que las obras serán más baratas.
Un argumento más pragmático también sale de despachos oficiales: las PPP son el único esquema que permitirá impulsar la obra pública en infraestructura en tiempos de restricción presupuestaria.
