La gobernadora María Eugenia Vidal envió al parlamento bonaerense una profunda reforma impositiva que contempla un aumento de hasta 56% promedio en el impuesto inmobiliario urbano, una suba del 50% promedio en el inmobiliario rural e importantes reducciones en Ingresos Brutos y Sellos.
El impuesto inmobiliario urbano subirá como consecuencia de un revalúo de propiedades, algo que no se realiza desde hace más de una década -salvo excepciones, como las casas de countries-. La valuación de los inmuebles se acercará a su valor de mercado. Eso, combinado con una reducción en la alícuota, supondrá un aumento del 56 por ciento promedio, dijo anoche el ministro de Economía, Hernán Lacunza, a TN.com.ar. El tope de aumento para las viviendas de mayor valor será del 75 por ciento y para las de valores más bajos, del 40 por ciento.
Según los cálculos oficiales, la mitad de las partidas inmobiliarias de la provincia tendrá aumentos de, como máximo 41 pesos por mes. Para tres de cada cuatro inmuebles, la suba será de 97 pesos mensuales.
El impuesto inmobiliario rural también subirá, en promedio, 50 por ciento. Se trata de otro impuesto que había quedado relegado y había perdido peso en la recaudación provincial. Como referencia, un campo ganadero paga, en promedio, 150 pesos por hectárea al año. Los campos declarados en estado de emergencia por las inundaciones de este año quedarán eximidos de pagar estos impuestos.
La suba de los impuestos patrimoniales -los más progresivos, ya que gravan proporcionalmente a quienes más tienen- es la contrapartida de una fuerte rebaja en las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos. Este representa el 70 por ciento de la recaudación provincial y es el tributo más criticado por empresas y analistas, ya que grava la actividad y baja en cascada al consumidor final. Por eso, un recorte debería aumentar la productividad de las empresas y repercutir en los precios de los bienes y servicios.
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El proyecto de reforma impositiva bonaerense contempla bajarle Ingresos Brutos a las industrias del 1,75 al 1,5 por ciento. Las pymes que facturen hasta 78 millones de pesos anuales quedarán eximidas del tributo. La exención sube 50%. El tope actual es de 50 millones de pesos.
Como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y otras juridiscciones, la provincia también eliminará su "aduana interna": el impuesto a la "extraña jurisdicción", una sobretasa de ingresos brutos que pagaban las industrias radicadas en otro distrito argentino.
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El sector agropecuario también pagará menos Ingresos Brutos. Las empresas que facturen hasta 3 millones de pesos anuales quedarán exentas. Si hoy pagan hasta 7 por ciento de Ingresos Brutos, pasarán a tributar hasta 4 por ciento.
La alícuota para el sector de la construcción bajará de 4 a 3 por ciento. Los comercios con una facturación anual de hasta 2 millones de ésos pasarán de pagar 3,5% de Ingresos Brutos a tributar 2,5 por ciento.
Además, Buenos Aires eliminará exenciones en Ingresos Brutos a partidos políticos, sindicatos y algunas cooperativas, que hoy operan, en la práctica, como empresas con fines de lucro.
La provincia también dispondrá una rebaja en el impuesto a los Sellos, que se paga en operaciones inmobiliarias y de compra de rodados. En el caso de la compraventa de inmuebles, la alícuota bajará de 3,6 a 2 por ciento. La compra de autos 0km, que actualmente tributa 3 por ciento, pagará 2,5 por ciento.
Según Lacunza, estos cambios impositivos representan un costo fiscal para Buenos Aires de unos 10.000 millones de pesos. La suba de los inmobiliarios, que aportará $ 4000 millones extra a las arcas provinciales, evitará una caída mayor. La presión tributaria disminuirá del 5,8% al 5,5 por ciento del Producto Bruto Geográfico (PBG, el tamaño de la economía bonaerense).
Presupuesto y Responsabilidad Fiscal
El proyecto de ley impositiva llegó anoche al parlamento bonaerense, junto con el proyecto de ley de Presupuesto y un proyecto de Responsabilidad Fiscal que atañe a los municipios.
El proyecto de Presupuesto contempla un déficit del 0,68% del PBG, contra el 1 por ciento registrado el año pasado. El texto planea subir el superávit corriente, desde los 3000 millones de pesos de este año a $ 76.000 millones. El déficit será financiero y está vinculado a la obra pública. "Si no hubiera obras, no habría déficit", resumió Lacunza.
El gasto público en acción social, salud e infraestructura crecerá entre 19 y 33 por ciento, por encima de la inflación prevista (12 por ciento máximo, en línea con el Presupuesto nacional).
Así como la Nación y las provincias avanzaron en una serie de puntos tendientes a bajar el gasto público y la carga impositiva, Buenos Aires le reclamará lo mismo a los intendentes.
El proyecto de Responsabilidad Fiscal dispone que el gasto corriente municipal no podrá subir más que la inflación y que el empleo público no podrá crecer más que la población (es decir, debe mantenerse la cantidad de trabajadores por habitante). Los intendentes tampoco podrán incurrir en gastos extraordinarios en los últimos seis meses de su mandato, para evitar trasladar ese costo a sus sucesores.
La carga impositiva municipal es absolutamente heterogénea. Cada intendencia cobra tasas disímiles, tanto a las propiedades como a la producción. El gobierno bonaerense busca homogeneizar esa madeja impositiva.
Los municipios que adhieran al pacto fiscal y sean superavitarios recibirán autorizaciones para endeudarse para realizar obras. Los que adhieran y tengan déficits, tendrán asistencia fiscal de la provincia. Los que no adhieran no recibirán más dinero que el que baja de la coparticipación de impuestos.
Este trío de proyectos de ley comenzarán a discutirse ya. Vidal cuenta con viento a favor: a partir del 10 de diciembre tendrá una mayoría en ambas cámaras provinciales que le permitirá avanzar con las reformas.
A esas reformas se sumarán otras dos, que llegarán al Parlamento en breve: una que recortará cargos políticos en el poder ejecutivo provincial (es decir, se reducirán subsecretarías, direcciones y otros cargos que no son de carrera) y otra que eliminará las jubilaciones de privilegio para los tres poderes del Estado.
