MAR DEL PLATA.- La provincia de Buenos Aires deberá gestionar en 2019 gastos adicionales por unos 41 000 millones de pesos que le traspasará la Nación. Más de la mitad de ese monto, $24 000 millones, corresponde a subsidios a las líneas de colectivos no interjurisdiccionales -es decir, que no cruzan a otra provincia o a la Capital Federal-.
El "combo" de $41 000 millones que deberá afrontar la administración de María Eugenia Vidal con su propio presupuesto o transferirlo a los ciudadanos con mayores subas de tarifas o impuestos lo componen el transporte urbano automotor ($24 000 millones), la tarifa social de electricidad ($8000 millones), los recursos del fondo sojero ($8000 millones) y la tarifa social de agua ($1000 millones). Son los cálculos que manejan altos funcionarios bonaerenses que se acercaron al 54° Coloquio de Idea, a semanas de la presentación del proyecto de ley de Presupuesto bonaerense.
La Nación avanzó en las últimas semanas con la transferencia de servicios del área metropolitana a la provincia y a la Ciudad de Buenos Aires, como una manera de negociar con los gobernadores del resto de las provincias las podas en el proyecto de ley de Presupuesto 2019 para garantizar el déficit 0.
Como contrapartida, las provincias interrumpirán las bajas en los impuestos a los sellos contempladas en el Consenso Fiscal firmado en diciembre de 2017. Así, la provincia de Buenos Aires podrá mantener la alícuota del impuesto a los Sellos y recibirá recursos extra por la interrupción de los reintegros de IVA a los exportadores, ya que ese impuesto nacional se coparticipa. También tendrá fondos adicionales si prospera la reforma en el impuesto a los Bienes Personales.
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Según los cálculos que efectuó el Ministerio de Hacienda bonaerense, a cargo de Hernán Lacunza, ese combo impositivo aportaría 12 000 millones de pesos, por lo que el impacto neto de la transferencia de gastos a la provincia sería de entre 28 000 y 29 000 millones de pesos.
La provincia presentaría su presupuesto durante la primera semana de noviembre. Habrá allí un primer indicio de cómo administrará esos subsidios que ahora debe afrontar: si dotará de partidas presupuestarias para cubrir los gastos de las líneas de colectivos bonarenses -no municipales, como las de La Plata o Bahía Blanca- o no. Según las previsiones oficiales, las tarifas sociales de luz y agua no representarían mayores esfuerzos.
La mayor carga de gastos es la contracara de otra negociación que encaran la Nación y la provincia. Buenos Aires pide actualizar el diferencial del Fondo del Conurbano. La provincia, argumentan cerca de la gobernadora, debería recibir 19 000 millones de pesos adicionales: $63 000 millones en vez de $44 000 millones. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoció el reclamo, pero lo condicionó a la escasez de recursos, según fuentes provinciales.
El ministro de Hacienda bonaerense, Lacunza, dijo que el trabajo "contracíclico" que hizo su gestión permitió tener mayores espaldas para cubrir las necesidades financieras durante la crisis, a pesar del aumento de tasas de interés. "A diferencia de lo que sucedía antes, la provincia no es un propalador (de la crisis) sino un amortiguador, porque pagamos sueldos y a proveedores a término y hasta adelantamos el medio aguinaldo (de junio), no subimos impuestos ni paramos las obras públicas en ejecución; todo lo que empezó se continuó", dijo.
