La medicina privada es otro de los tantos sectores de la economía argentina que padece la inflación de más del 30 por ciento. Sus mayores costos -tanto por incrementos salariales como por la compra de tecnología médica- no son compensados con los incrementos que autoriza el gobierno.
Los ajustes en las cuotas son menores al alza de precios. Lo mismo le sucede al otro eslabón de la cadena, los prestadores de servicios como clínicas y centros asistenciales que, ante la intransigencia del gobierno, decidió patear el tablero y quieren cobrar un copago a los afiliados a partir del lunes porque no le cierran los números.
El gobierno, las prepagas y los usuarios rechazan esta alternativa. En todo este conflicto, todos tienen razón en sus reclamos, pero la solución la tiene el ministerio de Economía, si logra bajar la inflación.
"Un avión sin nafta, no vuela", dijo Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical, en declaraciones radiales. Utilizó esta analogía para explicar la diferencia entre los costos por inflación y los aumentos en las cuotas que autoriza el gobierno, que sabe que la prepaga es una ítem sensible en la canasta familiar. Hay un aproximado de 6 millones de personas en un sistema privado que ante esta situación, no quiere recibir más afiliados para no poner más en riesgo sus cuentas.
Por su parte, el gobierno necesita de la medicina privada porque el sistema estatal de salud, ya desbordado y deficitario, no alcanza para todos. Y le arroja combustible al incendio. Con distintas regulaciones ha obligado a las empresas a cubrir más prestaciones como fecundación asistida, tratamiento para celíacos y otras nuevas enfermedades que la medicina pública no puede asistir por falta de tecnología y presupuesto.
La relación afiliado - prepaga tampoco es fácil. En la Argentina, se va más al médico de lo que realmente se necesita. El promedio de consultas es de 8 al año por afiliado versus 4 y media al año en EEUU, según datos del sector. Todo esto es más costo para la empresa y en definitiva, le resta calidad de atención al servicio.
La Superintendencia de Salud le autorizó a las prepagas un aumento de 5% en las cuotas en enero tras la devaluación de 20%, otro 7% en agosto y un 9% en septiembre. Un total de 21% para todo el año contra una paritaria de 33% acordada con el sindicato de los trabajadores de la salud.
Cuando tras el default la inflación se consolidó en más de 2% mensual, el secretario de Comercio, Augusto Costa, cambió el esquema de aumentos en las cuotas, siempre mal recibido por los afiliados con cada vez menos poder adquisitivo. El de 9% de septiembre se pasó para octubre y se bajó a 7,5 por ciento.
Ante esta medida, los representantes de las clínicas y centros asistenciales, cuyo costos dependen también del mayor ingreso de las prepagas, dijeron basta. Según sus números, no pueden cargar con más gastos en septiembre sin el aumento de 9% antes prometido y, para peor, rebajado a 7,5% y aplazado para octubre. De manera unilateral, anunciaron de manera muy desprolija y sin precisiones, que a partir del lunes cobrarán a los usuarios un copago de $50 y $100 dependiendo de la prestación que las prepagas deberán reintegrar. Una clara jugada para precipitar una negociación.
Esta salida no fue del agrado de ninguna de las partes. Para el gobierno es un problema político porque es un costo extra para afiliado y porque un sector se le animó a desafiarlo. Para las prepagas es más gasto en trámite y papelerío para hacer los reintegros. Y para las clínicas, sería un parche que no caerá bien en los afiliados y que, sería sólo por un mes, hasta que empiece a regir el aumento de octubre.
El riesgo de mantener el status quo del sector es el desfinanciamiento de las empresas, la caída de la calidad del servicio y el colapso del sistema privado. La solución de fondo es otra: bajar la inflación.
