A fines de mayo del año pasado, la actual administración denunció penalmente al exministro de Planificación Julio De Vido y a otros exfuncionarios por supuesta "administración fraudulenta y malversación de fondos públicos" en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la mina de carbón de la provincia de Santa Cruz. La malversación, advirtió el Estado, rondaría los 26.000 millones de pesos. Ese es el dinero que el Gobierno destinó al proyecto entre 2005 y 2015. Según el interventor de YCRT, Omar Zeidan, el desvío de fondos que debían ir a la mina superó los 300 millones de pesos.
La puesta en valor de YCRT fue una empresa quijotesca, en un mundo que usaba cada vez menos carbón. El Estado anunció la remodelación del Yacimiento luego de una explosión que mató a 14 operarios, el 14 de junio de 2004. Los resultados nunca fueron los prometidos. La administración Cambiemos encontró, en cambio, un millonario desvió de fondos. Zeidan dijo haber iniciado 13 causas penales contra los exfuncionarios.
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En El estado del Estado, esa suerte de auditoría que hizo el gobierno de Mauricio Macri a poco de haber tomado el poder, YCRT tiene un apartado especial. "El Yacimiento Carbonífero Río Turbio es un ejemplo paradigmático de mala administración de la última década. La mina debió estar lista en 2010 para producir dos millones de toneladas de carbón por año. En 2015, sin embargo, solo produjo 48.000 toneladas", describió el Ejecutivo en ese informe.
El estado de situación de la mina, según la administración macrista, era el siguiente:
- Entre 2005 y 2015, YCRT recibió 15.580 millones de pesos. Sin embargo, "la producción de carbón era marginal y la mina y las instalaciones se encontraban en estado de abandono".
- Los recursos destinados a salarios pasaron de representar el 20% del total en 2005 a significar el 70 por ciento en 2015. Si en 2005 había 1200 empleados, a diciembre de 2015 se contaban casi 3000. Había, además, numerosos beneficios negociados con los cuatro sindicatos de la mina (La Fraternidad, Luz y Fuerza, APS y ATE, el más numeroso). Entre otros, un "bono anual por eficiencia" de entre 70.000 y 240.000 pesos, "aun cuando se incumplían por mucho los objetivos de producción".
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- La administración decidió construir un tren turístico ajeno al objeto de YCRT. El tren se inauguró en octubre de 2015, cuando se llevaban pagados 300 millones de pesos de los $ 700 millones presupuestados. Pero nunca funcionó. "No tenía permisos del titular de la tierra por donde pasaban las vías, las estaciones estaban en desuso y deterioradas", describió el Gobierno. La traza se interrumpía al llegar a la Ruta 3, porque no tenía la autorización de la Dirección Nacional de Vialidad -que controlaba el propio De Vido- para cruzarla. "Era un tren que iba de ningún lado y a ninguna parte", remató el Ejecutivo macrista en su auditoría de gestión.
- Así y todo, el punto más controvertido fue la creación de un mecanismo para canalizar los recursos millonarios para compras y contrataciones a través de la regional Río Gallegos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Esos contratos eludían los regímenes de compras de la administración pública. Los convenios superaban los 2000 millones de pesos.
La Justicia sospecha que De Vido y subsecretario de Coordinación Roberto Baratta manejaban los miles de millones de pesos a través de ese acuerdo con la UTN y sin control. Además de la regional Río Gallegos, estarían involucradas las de La Plata, San Nicolás y Avellaneda. Las casas de estudios habrían cobrado un 21 por ciento de los fondos girados en concepto de "gastos administrativos".
