El Gobierno dio hoy un nuevo paso para quitarle al empresario Cristóbal López la concesión de la Autopista Riccheri, al crear una sociedad anónima que gestionará la autovía hasta su nueva licitación, ahora bajo el esquema de Participación Público Privada (PPP).
El decreto 794, publicado hoy en el Boletín Oficial, oficializó la creación de Corredores Viales SA, una sociedad cuyo capital se reparte entre el Ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich (51%) y la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Javier Iguacel (49 por ciento).
Si bien no se explicita ni en el decreto ni en el anexo en el que consta el estatuto de la nueva sociedad, Corredores Viales surgió para gestionar la Riccheri "una vez rescindido formalmente el contrato y hasta que hagamos la licitación, bajo el formato PPP", dijo Iguacel a TN.com.ar.
La rescisión del contrato depende de un proceso administrativo que se completará en un plazo de entre dos semanas y un mes, explicaron en el Ministerio de Transporte.
A mediados de septiembre, Vialidad denunció a Cristóbal, a su socio Fabián De Sousa y al exdirector de Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), Gustavo Gentilli, por una supuesta defraudación al erario público de 700 millones de pesos.
Según Iguacel, la firma de Cristóbal López se quedó con un dinero que debía girar a un fideicomiso destinado a financiar obras viales. Una parte de la tarifa del peaje debía girarse como Recurso de Afectación Específica (RAE) a este fideicomiso. "Cristóbal López entró a la autopista en 2013 y nunca depositó el dinero", denunció el director de Vialidad. Fue, dijo, una retención de fondos indebida similar a la que la AFIP denunció en Oil Combustibles, la petrolera del empresario que no transfirió al fisco unos 8000 millones de pesos.
Los socios, dijo Iguacel, usaron ese dinero para hacerse un "autopréstamo" y pagarle la concesión a los anteriores accionistas, un grupo español que dejó la firma en 2013.
El Gobierno cree que Corredores Viales administrará la autopista Riccheri por un período de seis meses o un año. Mientras tanto, continuará el proceso judicial. En el entorno del empresario ya avisaron que se preparan para apelar.
