La Corte Suprema asestará este martes un nuevo fallo contra el Gobierno, al hacer lugar a los reclamos de 15 provincias por en las rebajas del impuesto a las Ganancias y el IVA a los alimentos que anunció el presidente Mauricio Macri después de las PASO.
Una mayoría compuesta por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti fallará a favor de los distritos, que sostuvieron que, al tratarse de recursos coparticipables, los cambios dispuestos por decreto debieron haberse convalidado por un acuerdo con las provincias.
Según los gobernadores, las dos medidas afectaron recursos por unos 51.800 millones de pesos que deben distribuirse entre las provincias.
Los decretos recurridos fueron el 561/19 y el 567/19. El primero subió el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores. El segundo eliminó el IVA a un grupo de alimentos que integran la canasta básica.
El Estado Nacional deberá definir de qué manera mantiene las "medidas de alivio" que anunció Macri sin afectar recursos de las provincias. Una eventual compensación a los distritos recaería sobre los hombros del próximo gobierno.
Los quince reclamos son los de Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Santa Fe y San Juan.
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"Los decretos aquí cuestionados (que no sería exagerado calificar de vías de hecho administrativas) producen una detracción enorme de la masa coparticipable sin atender ni al principio de intangibilidad o integralidad de los recursos ni a los específicos procedimientos convencionales que deben llevarse a cabo entre las provincias y la Nación tal como establece la Ley", se lee en la demanda de la provincia de Santa Fe. "A todas luces, implican la disposición unilateral por parte del Poder Ejecutivo de recursos que corresponden a las provincias y que estas, sin dudas no han consentido en dejar de percibir", prosigue el texto.
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La Corte también debe definir otras tres demandas promovidas por provincias petroleras (Neuquén, Río Negro y La Pampa) sobre la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que congeló el precio de los combustibles y afectó recursos de esos distritos, al fijar un precio de barril de crudo inferior al internacional. En este caso, al tratarse de un DNU, la norma debe pasar por una comisión bicameral del Congreso.
El Tribunal, además, tiene en sus manos una decisión sobre el Fondo Sojero, la coparticipación de las retenciones a la exportación de soja que el Ejecutivo frenó.
