La Corte Suprema de los Estados Unidos decidirá de manera inminente si acepta un planteo de la Argentina para que un juicio por la estatización de YPF se dirima en tribunales locales y no en Nueva York. Caso contrario, el país debería pagar hasta u$s3000 millones en indemnizaciones a fondos buitre que compraron participaciones minoritarias y derechos de juicio hace años para exigirlos ante la Justicia estadounidense.
El máximo tribunal estadounidense debe intervenir tras una apelación del gobierno argentino, que pidió traer el caso a la Justicia local. Si bien tratará el caso este viernes, podría comunicar su decisión a última hora o el próximo lunes. Como la Corte toma muy pocos casos, es alta la posibilidad de que rechace la apelación y el caso se dirima en Nueva York.
Todo comenzó con un juicio que inició Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos firmas en control del fondo buitre Burford. Las Petersen fueron creadas en 2007 por el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, para ingresar a YPF como socio minoritario de Repsol.
Luego, en 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió estatizar el control de la compañía, en manos de Repsol. Petersen no pudo pagar sus deudas y perdió las acciones que tenía. En ese contexto, las firmas -que en realidad valían por los derechos de juicio- quedaron en manos de tribunales españoles, que, en el proceso de quiebra, las vendieron a Burford por u$s17 millones.
Burford argumenta que la estatización violó leyes de Oferta Pública estadounidenses, ya que la Argentina no ofreció a los accionistas minoritarios la indemnización proporcional a la que cerró con Repsol, de unos u$s5900 millones por el 51 por ciento de la firma.
Si la Corte Suprema rechaza la apelación, el juicio volverá al tribunal de primera instancia de Nueva York, a cargo de Loretta Preska, que reemplazó al juez Thomas Griesa.
De todos modos, el proceso del juicio es largo y en el Gobierno estiman que la sentencia podría demorar unos tres años.
En el medio, la representación legal del país buscará implementar un proceso de discovery, para saber quiénes son los dueños del fondo Burford y el resto de los litigantes -menores- que se sumaron a su demanda.
Al final del camino, un fallo en contra podría costarle al país entre u$s2500 y 3000 millones, entre capital e intereses.
