La Justicia desarticuló en las últimas horas una banda de empresarios y contadores dedicada a la producción masiva de facturas truchas para evadir el pago de impuestos. Según los primeros cálculos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la organización criminal emitió comprobantes por $2800 millones y consiguió evitar que sus clientes abonaran tributos por $430 millones desde 2017 hasta ahora.
La investigación conjunta fue llevada adelante por las fiscalías federales 1 de Córdoba, de Enrique José Senestrari, la unidad 3, de Maximiliano Hairabedian, del mismo distrito judicial, y la única existente en la localidad de San Francisco, a cargo de Luis María Viaut.
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Según pudieron reconstruir los investigadores, los acusados se apropiaban de la Clave Fiscal de personas sin capacidad contributiva para generar facturas falsas que luego eran utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus verdaderos clientes, como indicó este martes el ente recaudador en el comunicado de prensa.
En consecuencia, el juzgado federal 1 de Córdoba, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, y su par de San Francisco, Pablo Montesi, ordenaron la detención de 33 personas individualizadas en la maniobra, entre empresarios y contadores.
También dispusieron la realización de 90 allanamientos para poner a resguardo la documentación considerada clave con la que se podría demostrar, siempre según los acusadores, la asociación ilícita destinada a la adulteración de registros, la evasión calificada y la administración fraudulenta.
Ante semejante organización criminal, la AFIP debió disponer la participación de 328 agentes especializados de la Dirección General Impositiva (DGI) de distintas regiones del país así como distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para los allanamientos en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Cosquín y Villa María, todo en Córdoba, en Sunchales y Santa Fe, de la provincia homónima, y en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
Los operativos llegaron incluso hasta diversos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), todos en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio frente al coronavirus.
Una vez que los dos jueces les tomen las declaraciones indagatorias, que por la cantidad de involucrados y las restricciones sanitarias serán tediosas, los investigadores podrían avanzar en el esquema para ir contra otro grupo de empresas que se beneficiaron con esta usina de producción masiva de facturas truchas en los últimos cuatro años.
La oficina tributara apuesta a endurecer este tipo de controles para aumentar la recaudación, con la presión fiscal al límite, mientras espera que el Ministerio de Economía envíe al Congreso una reforma impositiva que, anticipan, tendrá carácter progresivo: buscará gravar con mayores impuestos a los patrimonios más altos.
