La garrafa social aumentará un 37% desde el viernes próximo, mientras que el monto del subsidio para los beneficiarios del Plan Hogar permanecerá inalterado en $152 pesos por envase. Ese valor rige desde abril de 2018. Así, los 2,8 millones de hogares que reciben el beneficio pasarán a pagar 125% más por el combustible
Así lo dispuso la Secretaría de Gobierno de Energía, a través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Hasta el jueves próximo, la garrafa de 10 kilos costará 216 pesos.
Según lo dispuesto, ese tipo de garrafa tendrá un costo de 160,28 pesos para el fraccionador; 240,97 pesos para el distribuidor y de 267,70 pesos para el público desde el 1° de febrero. Ese es el precio sin impuestos. Al sumar el IVA de 10,5%, el precio final se eleva a $295,81.
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El envase de 12 kilos costará al público 321,24 pesos más IVA ($354,97); para el fraccionador 192,33 pesos y para el distribuidor, de 289,17 pesos
La garrafa de 15 kilos tendrá un precio al público de 401,55 pesos más IVA ($443,71), para el fraccionador 240,42 y para el distribuidor, 361,46 pesos.
También, determinó que el precio máximo de referencia en planta del productor para el gas butano será de 9.154 pesos por tonelada y para el gas propano, 9.042 pesos.
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Garrafas más caras
Para conseguir los precios oficiales, los usuarios de garrafas de gas deben trasladarse hasta las plantas de los distribuidores, ya que los comercios y estaciones de servicio que venden el producto suelen recargarle hasta un 50 por ciento de precio.
Así lo detectó a mediados de mes la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, por lo que pidió un informe al Ejecutivo Nacional.
Si el precio oficial de la garrafa de 10 kilos es, hasta el viernes, de $216 finales, comercios del conurbano bonaerense la venden por encima de los 300 pesos.
Plan Hogar
Según datos oficiales, 2,8 millones de familias de todo el país usan gas de garrafa para cocinar, tener agua caliente y calefaccionar en invierno y cuentan con el subsidio del Plan Hogar, con el que el Gobierno deposita una parte del costo del combustible en las cuentas de los beneficiarios. Representan el 80 por ciento de las 3,5 millones de viviendas que se valen del gas de garrafa a escala nacional.
La proporción del subsidio en la cuenta final es decreciente. En abril, el subsidio subió cuatro pesos, de $146 a $152 por cada garrafa de 10 kilos. Por lo tanto, si una familia accede al precio oficial de la garrafa actual ($216), abonará $64 y el Estado pondrá la diferencia.
Ese subsidio permanecerá sin cambios, en $152 por garrafa, según lo dispuesto en la resolución 15/2019 de la Secretaría de Gobierno de Energía. Así, de conseguir el precio oficial que regirá desde febrero ($295,81), la familia deberá integrar una porción mayor del valor final con recursos propios: 143,81 pesos. Es decir, pagará casi 125% más.
Esta situación contrasta con la de los beneficiarios de la tarifa social del gas -usuarios que cuentan con gas de red- o del transporte. En estos casos, el Gobierno mantuvo una proporción de aumento similar a la de los usuarios sin el beneficio. En el transporte, por ejemplo, la tarifa social sigue cubriendo el 55% del boleto a pesar de los incrementos anunciados.
Según fuentes oficiales, el Gobierno pretende desarmar el subsidio a la producción de Gas Licuado de Pretróleo (GLP), por lo que el menor subsidio que reciben las familias se traduce en un ahorro fiscal al bajar las compensaciones a los productores.
"Los precios máximos de referencia cumplen un rol primordial para poder dar efectivo cumplimiento a los objetivos trazados en la ley 26.020, entre los cuales se destaca, principalmente, el de asegurar el suministro económico de GLP (Gas Licuado de Petróleo) a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes", indicó la Secretaría de Energía en la resolución.
La Casa Rosada subrayó que "es objetivo del Estado Nacional propender a que el precio al consumidor final resulte de los reales costos económicos de la actividad en las distintas etapas, de manera que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, siempre manteniendo la protección de los usuarios vulnerables a través del Programa Hogar".