El Gobierno rechazó este martes el pedido que hizo Latam para abrir un procedimiento preventivo de crisis (PPC) en el Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo sobre el futuro de los 1700 empleados de la filial local de la aerolínea que dejará de operar.
La cartera laboral argumentó contra la solicitud de PPC de la compañía al recordar que está vigente hasta fines de julio el decreto de prohibición de despidos en el sector privado. "Los mismos tienen efecto legal nulo y se mantienen las relaciones laborales en las condiciones actuales", resolvió el ministerio.
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Latam comunicó que la resolución oficial "será apelada por la compañía entendiendo que la presentación original constituye un caso claro de fuerza mayor". El procedimiento preventivo de crisis fue pedido por la aerolínea tras comunicar el fin de las operaciones de la oficina argentina, por lo cual dejaría de operar vuelos de cabotaje en el territorio nacional.
En los primeros días de julio el Ministerio de Trabajo convocó a la empresa y a los sindicatos aeronáuticos a una reunión que solo "sirvió para que todos los actores ratifiquen sus posturas y no se arribe a ninguna solución consensuada", según comunicó la cartera laboral.
"LAN Argentina informó la intención de disolver la totalidad de los 1715 vínculos laborales como consecuencia del cese de operaciones, situación rechazada por la parte trabajadora, representada los los sindicatos citados", explicó Trabajo.
En un comunicado posterior al rechazo al pedido de PPC, Latam había recordado que la industria aeronáutica vive una crisis "severa e inédita". Además, subrayó que buscó discutir en el ámbito del Ministerio de Trabajo una "reducción temporal del salario para todos sus colaboradores".
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"A pesar de que luego de siete audiencias en el ámbito de la cartera laboral no se pudo lograr un acuerdo, el 50% de los colaboradores de la compañía procedió a la firma de un acuerdo individual de reducción voluntaria de salario", continuó Latam.
La empresa además ratificó "su decisión de cese y cierre de operaciones en el país" y reafirmó que apelará el rechazo de su PPC porque, consideró, "está claramente justificada por una causa de fuerza mayor, constituida por el brutal impacto de la pandemia COVID-19 en las operaciones aéreas".
Además, indicó que "un alto porcentaje" de sus trabajadores aceptó el retiro voluntario que ofreció la compañía.
