El Gobierno obligará a las provincias a que presenten listados de preadjudicatarios y beneficiarios de viviendas sociales construidas con fondos nacionales.
Además, buscará incentivar la construcción de nuevas unidades habitacionales para la clase media mediante incentivos impositivos a los inversores que financien nuevos desarrollos inmobiliarios.
Así se desprende de dos resoluciones de la Secretaría de Vivienda, dependiente del Ministerio de Interior, publicadas este jueves en el Boletín Oficial.
La resolución 19/2018 transforma en obligatorio un registro que, hasta el momento, tenía carácter de voluntario. Se trata del SIGEBE, un sistema de adjudicación que el Gobierno calificó como "objetivo, público y transparente", que tiene como objeto validar y gestionar procesos de identificación, adjudicación y selección de beneficiarios de viviendas sociales.
Los entes provinciales que gestionan fondos nacionales no recibirán pagos de certificados si, dentro de los próximos 20 días, no adecuan sus sistemas de información al nuevo régimen.
El Estado nacional busca así validar si los beneficiarios de programas sociales de viviendas son efectivamente personas que necesitan una casa y no tienen ingresos suficientes como para adquirirla con sus recursos.
El Ejecutivo cruzará la información con distintas bases de datos y puede observar la adjudicación si la persona no está debidamente identificada, figura en el padrón de fallecidos, tiene un inmueble a su nombre, está inscrita en algún otro programa de vivienda social o registra algún beneficio previo, como la adjudicación de un plan Procrear.
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"Estamos mejorando la transparencia en la entrega de viviendas sociales que financia el Gobierno Nacional. Este es el camino que nos marcó el Presidente y que venimos trabajando con las provincias en pos de llegar a las familias que más lo necesitan", dijo el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.
“La principal finalidad del este sistema es asegurar la transparencia en el proceso de adjudicación de las viviendas, para que los recursos del Estado lleguen realmente a quienes más lo necesitan", agregó Ivan Kerr, secretario de Vivienda.
Según el proyecto de Presupuesto 2019, el Gobierno financia en la actualidad "más de 60.000 viviendas" sociales que están en ejecución. Para el año entrante, el objetivo es "consumar el stock de viviendas sociales por medio del Plan Nacional de Vivienda, alcanzando las 23.358" nuevas unidades.
A partir de ese momento, el modelo de construcción cambiará hacia un sistema PPP, con financiamiento del sector privado. "Se prevé la construcción de 13.000 viviendas" con este nuevo sistema.
Para la clase media
Por otra parte, la resolución 20/2018 establece que fondos de inversión que financien la construcción de viviendas destinadas a los sectores de menores ingresos y la clase media podrán acceder a exenciones impositivas dispuestas en la ley de Financiamiento Productivo. En concreto, pagarán menos impuesto a las Ganancias.
El artículo 206 de la ley 27.440, conocida como ley de Financiamiento Productivo, fija exenciones a Ganancias a las inversiones en desarrollos inmobiliarios destinados a vivienda.
La resolución de este jueves dispone que podrán acceder a ese beneficio quienes construyan "viviendas para poblaciones de ingresos medios y bajos", que serán aquellas con precios de 220.000 UVA o UVI, el valor que sea mayor. Las UVI, Unidades de Vivienda, indexan con el costo de la construcción. Las Unidades de Valor Adquisitivo o UVA siguen al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según el Banco Central, cada UVA equivalía este jueves a $26,90. Así, ingresarán dentro de este universo las viviendas que tengan un precio máximo de 5,9 millones de pesos, o unos 150.000 dólares.
Así, el Gobierno intenta impulsar la oferta de viviendas, en momentos en que el crédito hipotecario se frenó por la suba de tasas y la devaluación, que alejó a los inmuebles con precios en dólares del alcance de los salarios medios.
