El presidente de la Nación, Mauricio Macri, decidió que el Estado tome el control de las rutas de los corredores 3, 4, 6, 8 y parte del 2, que pasan a manos de la empresa Corredores Viales SA, que maneja el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional.
"Otórgase la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y prestación de servicios al usuario, en el marco del régimen establecido en la Ley N° 17.520, sus modificatorias y reglamentarias, de los Corredores Viales Nacionales (3, 4, 6, 8 y parte del 2), a la empresa Corredores Viales SA", se informa en el Boletín Oficial.
Según se determina en el texto oficial, el plazo de concesión será fijado "en cinco años, contados a partir de la fecha de toma de posesión, con posibilidad de prorrogarse por períodos sucesivos".
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Además, la empresa Corredores Viales mantendrá todos los puestos de trabajo de las concesionarios, cuyos contratos originales estaban vencidos desde hace dos años.
La empresa Corredores Viales SA, que administra en un 51% el Ministerio de Transporte y un 49% a Vialidad Nacional, tendrá por ingresos "las tarifas que se aplicarán a los usuarios (peaje), los ingresos que obtenga de la explotación de las áreas de servicios y de explotaciones complementarias, y las subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado".
Además, el Estado se impone, según se detalla en el Boletín Oficial, a contener un plan de "obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y la prestación de servicios al usuario".
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Los cinco corredores viales que manejará el Estado equivalen a más de tres mil kilómetros de rutas, que corresponden a los tramos de las rutas nacionales 9 y 34, la 188 , la 19, la 12, la 16, la 8 y la 36.
Según funcionarios del Ministerio de Transporte, el Gobierno buscaba relicitar las concesiones mediante el sistema de Participación Público Privada (PPP), la modalidad que reglamentó la gestión Macri para motorizar obras sin recurrir, inicialmente, al gasto público. Las PPP otorgan la concesión al gestor privado a cambio de un canon y la administración por determinada cantidad de años y el privado se hace cargo del mantenimiento y las mejoras de las rutas. Pero las condiciones económicas de los últimos dos años hicieron imposible armar los esquemas financieros necesarios para esas licitaciones.
Las empresas que ya no tienen las mencionadas concesiones, según se detalla en el Boletín Oficial, son Corredor de Integración Pampeana S.A. (Esuco, Decavial), Autovía Buenos Aires, los Andes S.A. (Rovella, Cartellone), Carreteras Centrales de Argentina S. A. (Losi, Pietroboni), Caminos del Paraná S. A. (Helport, JCR) y Corredor Central S.A. (Supercemento, Luciano, Petersen).
